Los innumerables esfuerzos de Colombia por deshacerse del poco envidiable puesto número uno en producción mundial de cocaína aún no han arrojado los resultados esperados. Por el contrario, desde el 2013 y ad portas de la firma del ‘Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, la ocupación de hectáreas para la producción de coca se ha triplicado por cuenta de la prohibición de la erradicación manual, química y aérea. Los efectos no se han hecho esperar, y las redes criminales dedicadas a este oficio han adoptado ágilmente los beneficios de este conveniente cambio de estrategia.
Ciertamente, el aumento de cultivos ilícitos en tierras colombianas afecta otros Estados de la región. Siempre que la cocaína y otro tipo de drogas y bienes ilícitos deban cruzar Centroamérica para llegar a los mercados de Estados Unidos y Europa, las bandas criminales seguirán ingeniando modos clandestinos de acción para garantizar que el producto encuentre su destino final. Esto implica el uso de estrategias de corrupción que propenden por el debilitamiento institucional; la exposición de vulnerabilidades de los Estados que aún no cuentan con un margen de respuesta amplio y suficiente para contrarrestarlas; y el preocupante riesgo de convergencia entre terrorismo y criminalidad.
Todo parece indicar que Centroamérica está, literal y figurativamente, en medio de dinámicas que en principio no le corresponden, pero que pasan la cuenta de cobro debido a su privilegiada posición geográfica. El crimen transnacional organizado es, a todas luces, la principal amenaza a la seguridad nacional de los Estados de la región.
Colombia es consciente de este hecho y por suerte, su experiencia es una ventaja comparativa para Centroamérica. Es interesante pensar cómo, el mismo país que en la década de los noventas, apelando al principio de responsabilidad compartida, consiguió comprometer el apoyo irrestricto de Estados Unidos para la mejora de capacidades en la lucha contra las drogas, casi treinta años después ha logrado apropiarse de sus procesos y ahora se encuentra en posición de exportar y liderar estrategias en seguridad regional basados en un amplio portafolio de entrenamiento.
Lo anterior, mediante el ofrecimiento de experiencias y lecciones aprendidas con miras a fortalecer la capacidad de respuesta institucional, operativa y logística de otros Estados afectados por un flagelo común cuyo origen, en reconocimiento de dichas responsabilidades, frecuénteme y lamentablemente se encuentra en nuestro país.
Las Fuerzas Militares de Colombia han reconocido las demandas de un entorno cambiante y complejo que requiere la coordinada interoperabilidad y modernización de sus estrategias. Es por este motivo que en la ‘Política de Seguridad y Defensa’, el Ministerio de Defensa ha establecido como objetivo estratégico apuntar hacia el fortalecimiento de la proyección internacional del sector mediante el establecimiento de una mayor cooperación bilateral, triangular y multilateral con Estados aliados. Especialmente con Centroamérica. Por lo cual el modelo de cooperación triangular sustentado en el Plan de Acción Conjunta en Seguridad Regional de Colombia y Estados Unidos (USCAP) tiene un carácter prioritario para las Fuerzas.
Todo parece indicar que conviene para Centroamérica el éxito del posconflicto en Colombia, el cual deja al servicio de la Nación unas Fuerzas Militares y de Policía ‘multi-misión’, altamente capacitadas para dedicar sus mejores hombres y recursos a la lucha contra el crimen organizado transnacional. Colombia cuenta con el potencial para ser un líder unificador y moderador entre los Estados de Centroamérica.
Así las cosas, el futuro de Colombia es importante para Centroamérica porque del éxito o fracaso de la implementación del Acuerdo se desprenderán los desafíos en seguridad multidimensional más demandantes para la región. En un período de posconflicto es previsible el aumento de la violencia como consecuencia de la disidencia y la no adopción de la vida civil amparada por la legalidad. Es posible el robustecimiento de actuales y/o nuevas bandas criminales mediante el reclutamiento de exguerrilleros al servicio de lógicas criminales. Más inquietante aún, será la lucha de los carteles por el dominio del mercado de coca al que las Farc renunciarían. Además, es factible que aumenten las tasas de inseguridad urbanas, o que se evidencie un fuerte tráfico ilegal de armas y municiones hacia el centro del continente.
En todo caso, de no llegar a un acuerdo de paz con las Farc, es posible que surja el recrudecimiento de la violencia. El narcotráfico es y seguirá siendo su principal fuente de financiación y los nexos con las bandas criminales seguramente permanecerán intactos, si no fortalecidos. Este sería el peor de los escenarios.
Claro está que todo lo anterior son circunstancias potenciales. La última palabra la tendrá el pueblo colombiano en las urnas del 2 de octubre, cuyos resultados afectarán, para bien o para mal, los desafíos en seguridad para la región.
(*) Investigadora del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI) de la Universidad del Rosario. Asesora del Ejército Nacional de Colombia. torres.tatiana.tt@gmail.com