Las circunstancias por las que actualmente atraviesa Naciones Unidas en el mundo no son las más esperanzadoras. En efecto, en muchas partes del orbe se expande la guerra y el terrorismo está a la orden del día. De este modo, de hace ya largo tiempo, tal vez desde que su mandato por la paz fue abiertamente desconocido a través de la “guerra preventiva” patrocinada por el gobierno Bush, la ONU ha perdido cierta vigencia y se mantiene al margen de las soluciones pacíficas que apremian en diferentes partes del planeta.
Así las cosas, frente a lo que ocurre con el ‘Estado Islámico’ y la disolución de Siria, Libia e Irak, así como lo que sucede en Crimea o la precaria situación que vive la democracia venezolana, para citar solo algunos ejemplos, la ONU ha encontrado un placebo en el proceso de paz colombiano. Por eso este se muestra, en la actual Asamblea, como un gran logro y con ello el Secretario General puede salir, de algún modo, airoso.
A decir verdad, la paz colombiana fue entregada, en buena medida, a la ONU. Una gran mayoría de las cláusulas convenidas tienen que ver con su participación, especialmente en cuanto a los compromisos a desarrollar en el futuro. Efectivamente, Naciones Unidas no solo está encargada de llevar a buen puerto la localización, el desarme y la desmovilización de las Farc, con todos los procedimientos intermedios que ello encarna, sino que igualmente tendrá mucho que ver tanto en la estructura y operatividad de la jurisdicción especial como en la verificación y aplicación del extenso documento firmado entre las partes. Tanto así, por ejemplo, como que la intervención de la Corte Penal Internacional depende del sistema de Naciones Unidas. Incluso varios esperan que con la ONU encargada de buena parte del proceso de paz se impida la activación del tribunal supranacional.
Como se sabe, de ganar el plebiscito, ello supondrá de inmediato la activación de la “vía rápida”, es decir, el Acto Legislativo ya sancionado, aunque pendiente de control constitucional, por medio del cual se modificaron los procedimientos legales, las acciones estatales y que por un tiempo dejará de lado los pesos y contrapesos democráticos. Por consiguiente, a partir de dos semanas, en lo atinente al desarrollo del Acuerdo de La Habana y en paralelo a la discusión de la reforma tributaria, el Congreso solo podrá aprobar o improbar las leyes presentadas por el Ejecutivo, sin iniciativa legislativa propia y el filtro tradicional de los múltiples debates, al mismo tiempo que el Presidente de la República comenzará a usar las facultades extraordinarias autorizadas de antemano y genéricamente por el Parlamento.
Se presume, frente a todo lo anterior, que el Congreso actuará dócilmente de notario gracias a las cómodas mayorías gubernamentales. Aunque, vistos los condicionamientos del Sí al plebiscito por parte de algunos partidos de la coalición o adherentes al Gobierno, según los cuales en el momento de la reglamentación mirarán en detalle la legislación correspondiente, parecería no estar todo jugado. Sin embargo, como está anticipado en el Acuerdo, uno de los organismos indicados, para superar cualquier interpretación divergente del texto, es la ONU. De allí, también, su protagonismo fundamental, no solo ahora, sino hacia el futuro.
De hecho, el Acuerdo fue puesto, en estos días, a buen recaudo de Naciones Unidas y al depositarlo en manos del Consejo de Seguridad se dice que cobra alcances supraconstitucionales automáticos y características de tratado internacional. Con ello, una vez aprobado el plebiscito, se dará adicionalmente vigencia interna a este concepto y de esta manera Colombia tendrá, por decir lo menos, el monitoreo permanente del organismo multilateral. Porque si bien la ONU es proclive por naturaleza a los acuerdos de paz, también hay que decir que se rige, al respecto, por rigurosos procedimientos y un mandato que no siempre se compadece con la soberanía de los países que piden su asistencia.
Es posible, claro está, que sin ayuda internacional los colombianos no hubieran llegado nunca a un acuerdo de paz. No obstante, expertos internacionalistas, tanto adscritos al Sí como al No, han reseñado que esto tiene las connotaciones de un tercero con voz propia, cuya obligación precisamente es no inclinarse por ninguna de las partes. De manera que la ONU será un actor preeminente ahora y durante los próximos gobiernos. Y eso, con la bienvenida correspondiente, vale tenerlo en cuenta.