Varias recomendaciones a 6 proyectos que pretende adelantar en Bogotá el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el último trimestre del año 2016 le presentó la Procuraduría a la directora de la entidad Yaneth Rocío Mantilla.

Una de las obras en entredicho es el de Transmilenio por la carrera Séptima, entre las calles 32 y 200.

De acuerdo con la comunicación oficial, el Ministerio Público recomendó que previo a suscribir los contratos de consultoría se adelanten todos los trámites administrativos tendientes a la consecución de los recursos para la realización de las obras, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad y plazo de los mismos, y así evitar un posible detrimento patrimonial al contratar estudios y diseños que pueden resultar desactualizados para el momento en que pretenda contratarse y ejecutarse la obra.

Así mismo, el órgano de control a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública sugirió que en la socialización de los proyectos se de una amplia difusión, no solo a los posibles interesados, sino además a veedurías, organismos de control y en general a la comunidad, con miras a proteger los derechos de los ciudadanos y evitar afectaciones al patrimonio público.

Dichos proyectos son: Actualización, complementación de estudios y diseños para la adecuación al Sistema Transmilenio por la carrera Séptima entre las calles 32 y la 200 y demás obras complementarias; factibilidad, estudios y diseños de la avenida Ciudad de Cali (Soacha hasta Cota); factibilidad, estudios y diseños de la troncal avenida 68 desde la autopista Sur hasta la carrera Séptima; complementación, actualización y/o ajustes y estudios y diseños de la extensión troncal Caracas desde Molinos a Yomasa y ramal la Aurora – Yomasa; estudios y diseños de la troncal avenida Villavicencio desde la NQS hasta la avenida Boyacá; complementación o actualización o ajustes de estudios y diseños de la conexión calle 26 por NQS por avenida Américas.

Finalmente, la Procuraduría indicó el alcance de la actuación preventiva integral en materia de contratación estatal, cuyo objeto principal es proteger y promover los derechos fundamentales, en pro del cumplimiento de los pilares institucionales como la protección del ordenamiento jurídico y la salvaguarda de los recursos públicos, y evitar en lo posible la comisión de faltas disciplinarias.