La Procuraduría General de la Nación es, como se sabe, uno de los órganos de control y de las instituciones más importantes que hay en el país. Es clave, dentro de sus competencias, para sancionar disciplinariamente a los funcionarios, mejorar las condiciones esenciales del servicio público y puntal determinante contra la corrupción.
La entidad fue establecida desde épocas del Libertador precisamente con el fin de generar las condiciones propias para un Estado más pulcro y eficiente. Paulatinamente, como Ministerio Público, se convirtió en el organismo representativo de los intereses de la sociedad y por su despacho han pasado juristas de amplio reconocimiento a lo largo de la historia.
Desde la Constitución de 1991 la Procuraduría, por lo demás, está encargada de velar por los derechos humanos. En tal sentido, cuenta con una institución alterna, como la Defensoría del Pueblo, que responde directamente a la primera. A nuestro juicio se requiere, en tal sentido, una mayor sinergia entre ambas entidades ahora, precisamente, que se lleva a cabo el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, y cuya prevalencia, en cuanto a los derechos humanos, es fundamental en el llamado posconflicto. De hecho, en los últimos días, luego de anunciado el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, varios líderes sociales, regionales y de procesos de restitución de tierras han sido asesinados. Se requiere aquí una actividad conjunta entre Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo para develar quiénes están detrás de este complot, que se ha vuelto sistemático.
De otra parte, en las últimas décadas la Procuraduría, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, se erigió como una institución fundamental en la salvaguarda del medio ambiente. Dentro del nuevo país que se pretende luego del proceso de paz, ello juega un papel trascendental. La reorganización del territorio, la regulación del agua en las múltiples cuencas y la protección de los servicios ecosistémicos, así como la legislación sobre páramos y el amparo de la biodiversidad en los Parques Nacionales, deben ser motivo de especial cuidado en la próxima administración del Ministerio Público.
El anterior procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, se distinguió por su parte en el combate a la corrupción. La línea a seguir debe ser la misma contra este fenómeno que drena los recursos públicos, tanto en los órdenes municipal y regional como el nacional.
Del mismo modo la Procuraduría anterior auxilió de manera acertada a los servidores públicos a través de sus facultades preventivas. Aumentar el acompañamiento a entidades en el desarrollo de las políticas es vital para hacer al Estado más eficiente.
Esta semana la terna para la Procuraduría fue completada por el presidente Juan Manuel Santos con una jurista como María Mercedes López, ex magistrada y adscrita al Partido Conservador. Es la primera vez en la historia del país que una mujer, por su eficacia y su sindéresis jurídica, es ternada con amplias posibilidades de triunfo.
No obstante, a diferencia de otras veces, en esta ocasión, como suele decirse en el argot político, “la terna no es de uno”. Acompañan a la exmagistrada el exministro y el exembajador Fernando Carrillo así como el exfiscal general de la Nación encargado, Jorge Fernando Perdomo. Cuentan ellos con respaldos políticos en el Congreso, por ser de origen liberal y también tener apoyos en otros partidos. No obstante, lo que se ha dicho, de acuerdo con los corrillos políticos e hipótesis de los medios de comunicación, es que dentro de los equilibrios necesarios en los organismos de control la Procuraduría seguiría en cabeza del conservatismo.
Esto, sin embargo, no está garantizado, mucho menos bajo la óptica, irritante para la ciudadanía, de que se dividen partidistamente los altos cargos de la nación. No obstante, en este caso, es claro que por primera vez una mujer tiene posibilidades de acceder a uno de los más importantes cargos del país y bajo ningún motivo sería desestimable que ello se tuviera en cuenta dentro de la elección congresional, sin demeritar a los demás candidatos.
Habrá que esperar, claro está, a la audiencia pública para revisar el programa de cada quien, analizar a fondo su hoja de vida y ver cómo se mueven las tendencias en el Senado. En todo caso, la Procuradora o el Procurador para el posconflicto saldrá de esos tres nombres, en el entendido de que la entidad es una pieza fundamental en el nuevo país que se avizora.