La próxima semana y dependiendo de que el voto por el Sí en el plebiscito triunfe el próximo domingo, el Gobierno presentará los primeros proyectos para implementar los acuerdos de paz con las Farc por medio del procedimiento legislativo especial. En este paquete se cuenta una ley para incorporar el Acuerdo Final al derecho interno así como una ley de amnistía.

En días pasados, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anticipó que “una vez se vote el acuerdo de paz el próximo 2 de octubre, la semana siguiente comenzaremos la presentación de los proyectos de reforma legal y constitucional prioritarios para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz, tal y como está previsto en el Acto Legislativo que definió un procedimiento legislativo especial para el cumplimiento de los acuerdos y la implementación de los mismos”.

Agregó que “puede ser que una vez se vote el 2 de octubre, esa semana se presentará al Congreso el texto de la ley de amnistía”.

Se conoció que tras el plebiscito, en las dos siguientes semanas el Gobierno nacional radicará al menos 12 iniciativas entre reformas constitucionales y leyes ordinarias, de por lo menos 50 que serán necesarias para implementar los acuerdos de paz.

En julio pasado, el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, dijo que “se han identificado 18 proyectos por facultades extraordinarias, 22 por procedimiento legislativo acelerado y 4 actos legislativos, es decir, 44 iniciativas legislativas que podrían ir en esas facultades”.

Acuerdo Final

En mayo pasado, la administración de Juan Manuel Santos y las Farc acordaron el blindaje del acuerdo final de paz con el fin de que un futuro gobierno no caiga en la tentación de desmontar lo pactado.

Para ello se determinó que  el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación.

En ese sentido se tramitará una ley aprobatoria del Acuerdo Especial, la cual se tramitará como una ley ordinaria.

Amnistía

La ley de amnistía es otro de los proyectos urgentes considerados por el Gobierno, por lo que se estima será radicado la semana próxima en el Parlamento.

El acuerdo final de paz contempla que teniendo en cuenta el cese de hostilidades, la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario se podrían conceder amnistías e indultos a los delitos políticos y conexos.

En este punto se espera un gran debate en el Congreso de la República sobre si el narcotráfico que practicaron las Farc es conexo o no con el delito de rebelión, en donde la diferencia la hará si los dineros que obtuvieron los emplearon para financiar la guerra o como enriquecimiento personal.

En el acuerdo quedó consignado que no se beneficiarán de la amnistía o el indulto las personas relacionadas con delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, la toma de rehenes, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

La conexidad con el delito político comprenderá un criterio de inclusión en el sentido de los delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado; pero también unos criterios de exclusión.

 Tampoco son amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión.

Jurisdicción especial de paz

Una ley reglamentará los procedimientos de investigación y juzgamiento de los integrantes de las Farc, agentes del Estado e incluso terceros civiles que participaron en el conflicto armado.

Participación política

Se requiere una reforma constitucional para que personas que han sido condenadas en el marco del conflicto armado, puedan aspirar a cargos de elección popular después de cumplir la sanción que establezca el Tribunal de Paz.

Por esta vía los principales jefes de las Farc podrían aspirar en unos años a cargos de elección popular.

Esta iniciativa también se ocupará de la creación de las 10 curules que tendrán las Farc en el Legislativo (cinco en Cámara y Cinco en el Senado) en las elecciones de 2018 y 2022, en caso de que no alcancen el umbral.

De igual forma se tramitará el estatuto de la oposición, para lo cual desde hace meses se convino en La Habana la conformación de una comisión para trabajar de la mano de los partidos y movimientos políticos en una propuesta.

Esta iniciativa no es para el Gobierno de las más urgentes de radicar en el Congreso, por lo cual por el momento se seguirá trabajando y en unos meses será puesta a consideración del Parlamento.

Esta norma abordará el tema de las minorías políticas y las garantías que debe dar el Estado para hacer oposición al gobierno de turno, entre otros tópicos.

Tierras

Se presentará una ley para la conformación de un Fondo de Tierras para la Paz, por medio del cual se espera beneficiar a los campesinos sin tierra.

Este fondo estará alimentado por los baldíos, tierras que fueron adquiridas de forma fraudulenta y donaciones.