La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este martes a nueve años de cárcel al yihadista malí Ahmad al Faqi al Mahdi, culpable de crimen de guerra por la destrucción de los mausoleos protegidos de Tombuctú en 2012.

"Al Mahdi, usted es culpable de un crimen muy grave", por lo cual "la cámara por unanimidad lo condena a nueve años de detención", dijo el juez Raul Pangalangan.

"La corte por unanimidad considera que Al Madhi es culpable de crimen de guerra por haber atacado sitios protegidos", había dicho previamente el magistrado.

Al declarar culpable a Al Mahdi la corte destacó "su participación directa en numerosos incidentes y su papel de portavoz para justificar los ataques ante los medios de comunicación".

El acusado, vestido con un traje gris, una camisa blanca y una corbata a rayas, escuchó atentamente la lectura del veredicto. Al final de la lectura puso su mano en el corazón.

La pena impuesta a Al Mahdi "será una advertencia (...). Este es un crimen de guerra y los que lo han hecho deberán rendir cuentas por la destrucción de esos importantes sitios", declaró la fiscal Fatou Bensouda a la AFP.

En Tombuctú, los habitantes saludaron la decisión de los jueces, calificándola de "lección" y de "ejemplo". En 2012, el acusado "era como un Dios en la Tierra", estimó Mohamed Issa Touré, un joven guía turístico en Tombuctú. "Hoy, le mostramos que no es nadie. Está bien por el ejemplo", agregó.

'Etapa histórica'

El tuareg Ahmad al Faqi al Mahdi había sido acusado de crimen de guerra por haber "dirigido intencionalmente los ataques" contra nueve mausoleos de Tombuctú, en el norte de Malí, y contra la puerta de la mezquita Sidi Yahia entre el 30 de junio y el 11 de julio de 2012.

Este juicio es "una etapa histórica en el reconocimiento de la importancia del patrimonio para las comunidades que lo preservaron durante siglos para toda la humanidad", afirmó por su parte la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, citada en un comunicado. 

Bamako declaró que espera que el juicio "siente jurisprudencia en la protección del patrimonio mundial". También es "un motivo de esperanza para todas las víctimas de la ideología de barbarie" de los yihadistas, agregó el gobierno malí en un comunicado. 

Al inicio del juicio, Al Mahdi se había declarado culpable y había pedido perdón al pueblo de Malí, diciendo que estaba "lleno de remordimiento y arrepentimiento". Había alegado que había actuado "bajo la influencia" de los grupos yihadistas y había exhortado a los musulmanes de todo el mundo a resistir a "ese tipo de acciones".

Durante el proceso, la fiscal afirmó que el acusado, nacido probablemente en 1975, era un miembro de Ansar Dine, uno de los grupos yihadistas vinculados a Al Qaida que controlaron el norte de Malí durante unos diez meses en 2012, antes de ser expulsados por una intervención internacional dirigida por Francia en enero de 2013.

Jefe de la Hisba, la brigada islámica de costumbres, Ahmad al Faqi al Mahdi ordenó y participó en los ataques contra los mausoleos de Tombuctú, indicó el fiscal durante el juicio.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos acusaron a la Hisba de haber cometido crímenes de lesa humanidad, que incluyen torturas, violaciones y esclavitud sexual de las mujeres de Tombuctú.

Los jueces retuvieron en la sentencia varias circunstancias atenuantes, entre ellas la de haber reconocido su culpabilidad, su cooperación, su empatía con las víctimas, los remordimientos expresados y su "reticencia inicial a cometer los crímenes".

En este juicio, el primero por destrucción de bienes culturales, hubo varios hechos inéditos: primer acusado en reconocer su culpabilidad ante la CPI, Al Mahdi es también el primer yihadista en ser juzgado en La Haya y el primero del conflicto de Malí.

Los expertos de las Naciones Unidas por su lado confiaron en que la sentencia "ponga fin a la impunidad" en la destrucción de bienes culturales en los conflictos.

Pero, si bien la lista de sitios en peligro sigue alargándose, es muy difícil que otros responsables puedan ser juzgados.

Ni Irak ni Siria firmaron el Estatuto de Roma, el tratado fundador de la Corte Penal Internacional (CPI), y sin decisión de la ONU no es posible ninguna investigación.