El desafío del desminado en Colombia es tanto o más difícil de superar que el mismo proceso de paz con los grupos armados ilegales. Se sabe que el país es el segundo en el  mundo con más artefactos de estas características sembrados a lo largo y ancho de su territorio. De allí que plantearse como meta que al 2021 ya hayan sido retirados y desactivadas todas las minas antipersona es un reto que no solo demandará recursos por más de US$320 millones, sino que implicará la destinación de miles de hombres y mujeres para limpiar más de 700 municipios en donde se calcula hay presencia de estas armas que son proscritas por el Derecho Internacional Humanitario. Es más, las acciones piloto que se han venido adelantando en el marco del Acuerdo entre el Gobierno  y las Farc  son apenas un grano de arena en una tarea amplia y difícil, que queda demostrada en el hecho mismo de que en las dos regiones en donde se han adelantado estos operativos conjuntos de ubicación, desactivación o explosión controlada de las llamadas “quiebrapatas”, se han invertido varios meses y el porcentaje de territorio limpiado no ha sido el mayor.

En ese orden de ideas, el problema de desminar a Colombia va más allá de los recursos, pues solo ayer al lanzarse la iniciativa global por este concepto ya habían en caja US$80 millones de dólares donados por Estados Unidos, Noruega y otros países, y se sabe que distintas naciones y organismos están prestos a disponer más recursos con ese fin. El verdadero problema está en la capacidad que tengan las Farc , en caso de que el proceso de paz sea refrendado en las urnas el próximo 2 de octubre, de colaborar efectivamente con la información sobre los sitios exactos en que estas minas fueron instaladas, a lo largo de las últimas dos décadas, lapso en el que las “quiebrapatas” se convirtieron en la principal estrategia de la subversión  para afectar la operatividad de las Fuerzas Militares, sin importarles que paralelamente miles de civiles, en su mayoría humildes campesinos y, peor aún, niños y niñas, resultaran amputados o muertos al pisar uno de estos artefactos  a la orilla de cualquier camino veredal o predio rural de paso cotidiano para las comunidades.

Los propios expertos en desminado advierten que el problema más complicado radica en que los grupos que instalan estas minas no suelen llevar un registro formal y pormenorizado del  lugar donde las ubicaron. Es más, en no pocas ocasiones las minas eran colgadas de árboles  y matas de forma indiscriminada, con el único fin de afectar las operaciones de persecución y control de  área por parte del Ejército, la Armada y la Policía. A ello se suma que muchos guerrilleros que tenían esa información a lo largo de las últimas dos décadas fallecieron en combate, desertaron o bien podrían,  sabedores de las víctimas puntuales que se produjeron por sus acciones, callar la verdad sobre el sitio exacto en donde instalaron estas armas, para evitar ser  juzgados por el Tribunal Especial de Paz, JEP,  y preferir,  en cambio, la vía rápida de la amnistía para solucionar su situación jurídica.

Este último es un riesgo que el Estado debe medir de manera efectiva, por cuanto si algo demostraron los procesos de desminado en Centroamérica es que por más voluntad y recursos que existan para estas operaciones, el 80% del éxito radica en tener la información aproximada sobre el lugar de instalación o de sospecha de minas, pues hacer un barrido general de los territorios en donde se escenificó la guerra, no sólo demanda mucho tiempo, sino que en el entretanto las víctimas por la explosión  de las “quiebrapatas” seguirán sumándose a un listado que en Colombia ya supera las 11 mil personas afectadas.

¿Qué tanto las Farc están dispuestas a entregar de manera puntual esta información?. Esa es la pregunta central para determinar si éste primer proceso de desminado puede dar resultado positivo. A ello debe sumarse que el ELN también intensificó en los últimos años la utilización de estas armas y es claro que mientras no se tenga la posibilidad de acceder a esa otra verdad guerrillera, todo este desafío nacional estará incompleto.  

Como se ve, el desminado será una empresa que bien puede tardar más de una década, incluso por encima del cálculo que se hace para concretar el llamado posconflicto.