Cuba le reclamó hoy a Estados Unidos la eliminación de las ventajas migratorias que alientan el éxodo de cubanos, así como del financiamiento de planes que estimulan "cambios internos" en la isla.

Los pedidos fueron presentados en Washington durante una reunión del comité bilateral que da seguimiento a las relaciones diplomáticas, tras su restablecimiento en julio de 2015, según Josefina Vidal, directora de la cancillería cubana para los asuntos con Estados Unidos.

"Uno de los temas pendientes, y que debe modificarse para que haya relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos, es la revisión y eliminación de la política migratoria preferencial a los ciudadanos cubanos", tuieó la diplomática.

Cada vez una mayor cantidad de cubanos intenta llegar a Estados Unidos ante el temor de que ese país derogue los beneficios migratorios que estableció en el contexto de la Guerra Fría.

En el último año, contado a partir del 1 de octubre de 2015, migraron ilegalmente por mar 7.358 cubanos hacia Estados Unidos, contra 4.473 que lo hicieron en el período anterior, lo que representa un aumento del 65%, indicó este viernes la Guardia Costera estadounidense.

Miles de cubanos más han emprendido una larga y costosa travesía por varios países en busca del mismo destino. 

Además del tema migratorio, "en nuestros intercambios con el departamento de Estado, incluso en el que tuvimos hoy, hemos vuelto a insistir en la necesidad que se elimine el financiamiento a programas dirigidos a provocar cambios internos en Cuba", dijo Vidal. 

En los últimos días el gobierno de Raúl Castro ha cuestionado en concreto el programa World Learning, que otorga becas en Estados Unidos a jóvenes cubanos, y que apoya la embajada norteamericana en La Habana.

Según las autoridades, el proyecto no cuenta con su consentimiento, mientras medios estatales lo han tachado abiertamente de "subversivo".

Pese a la nueva era diplomática, Estados Unidos mantiene el embargo económico contra Cuba, vigente desde 1962. El presidente Barack Obama ha aliviado algunas medidas, pero la mayoría republicana en el Congreso rehúsa levantar el castigo.