El escenario de farándula que se ha montado para la firma de los acuerdos de La Habana no alcanza a esconder el cúmulo de concesiones dispensadas a las Farc, ni a disipar el escepticismo generalizado sobre su contenido, sino que también relega al olvido el triste destino de niños y niñas reclutados a la fuerza, de secuestrados sin rastro y que se suman a los desaparecidos que sólo perviven en el doloroso recuerdo de sus familiares y amigos.

Ni una palabra sobre ellos en las 297 páginas del acuerdo final. Tan sólo el acto unilateral de entrega de 13 menores, cuando todos sabemos que los infantes constituyeron la carne de cañón destinada a reemplazar a los caídos en combate y a los que huyeron del infierno fariano. ¿Cuántos niños esconden las Farc para no afectar su ingreso al tinglado político que se ha montado para ellos? ¿Cuántos otros menores fueron despojados de la vida y de sus sueños en el fragor del combate? Probablemente no lo sabremos nunca porque sus huellas se desvanecerán en las declaraciones colectivas que los guerrilleros harán de sus eventuales responsabilidades en la comisión de delitos de lesa humanidad y de crímenes atroces, ante una Jurisdicción hecha a su medida, en un plazo de un año, “que podrá prorrogarse… por períodos sucesivos de tres meses”. (Jurisdicción Especial para la Paz num 47). Garantía de amnesia y olvido que consagra la más repugnante impunidad.

También invisibilizarán a los secuestrados muertos en cautiverio o ejecutados sumariamente, porque sus familiares carecieron de los dineros exigidos para su liberación, o porque fueron asesinados sin importar el pago recibido por el rescate, y a todos los desaparecidos de los que nunca dieron razón, perpetrando así los más atroces delitos que claman justicia y que no pueden ser objeto de perdón y olvido.

No es cierto que el acuerdo consagre las exigencias de verdad, justicia y reparación. No habrá verdad, porque con sus versiones colectivas sólo reconocerán lo que les convenga, sin que se logre individualizar las responsabilidades. No habrá justicia, porque las sanciones (no penas) no guardan proporción con la gravedad de los delitos cometidos. No habrá reparación material, porque los guerrilleros han alegado su situación de indigencia, bajo el indulgente silencio del gobierno. Pero si ingresarán al escenario político prevalidos de financiación del Estado, de curules garantizadas, de territorios bajo su control, de mecanismos legales para perseguir a sus contrarios y dispensar tierras a los propios, mientras sus víctimas se hundirán en el olvido. A eso lo llaman memoria histórica. Con razón los paramilitares aspiran hoy al mismo tratamiento.