Han pasado cuatro años desde aquel 24 de septiembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, evento colmado de invitados internacionales, muchas fotos y ovaciones de pie.
De esta forma se ponía fin a casi seis décadas de conflicto armado con la firma de un acuerdo que apenas una semana después se vio opacado por el No de una exigua mayoría en las urnas.
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Con todo, unos 13.000 combatientes silenciaron sus armas y el país, por fin, parecía enrutarse hacia un anhelo de varias generaciones de colombianos ávidas de vivir en paz. “Fue un acuerdo tardío pero necesario”, al decir de Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Y, como es obvio, el acuerdo con sus aciertos e imperfecciones ha sido tan bueno para el país como pésimo para la institucionalidad y las víctimas, dependiendo de la óptica con que se le mire.
“Aunque el Gobierno dice que le ha cumplido al país con su política de Paz con legalidad, lo cierto es que hay un desconocimiento de carácter integral del Acuerdo de paz, ha desconocido la posibilidad de implementar unos aspectos transformadores como la política agraria o la sustitución de cultivos ilícitos, y ha hecho todo lo posible para opacar la función de la justicia transicional”, sostiene el ex comisionado nacional de Paz, Daniel García-Peña.
Pese a las falencias del Acuerdo, Colombia entró una nueva etapa de transición hacia el posconflicto que ha mostrado sus beneficios: menos muertes de militares y policías en conflicto, menos tomas de poblaciones, menos atentados a la infraestructura energética y casi cero en heridos y amputados en el Hospital Militar Central, por citar solo algunos indicadores.
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Pero como decía el negociador de Paz Humberto de la Calle Lombana, “no hay paz perfecta”, el Acuerdo pasó todos los filtros de revisión legal y constitucional, mas no así el cedazo político.
“La lentitud de la implementación del Acuerdo de Paz no ha permitido tener una estrategia más efectiva para que no se reagrupen nuevas formas de violencia con graves disputas territoriales. Entonces digamos que se nos dio una oportunidad histórica de tránsito hacia la paz, pero acompañada de unos muchos peligros”, dice el director de la Fundación Ideas para la Paz, Camilo González Posso.
Y no le falta razón al experto, si se considera que la polarización política frente a los alcances del documento ha sido la constante en estos cuatro años. Para algunos, no ha existido voluntad del Gobierno para implementar lo pactado, para otros los desmovilizados tampoco han cumplido sus compromisos.
“El gran problema es que no hay liderazgo de consenso nacional, en particular sobre temas que están supremamente atrasados como los agrarios, y eso le resta toda la credibilidad tanto al Acuerdo y al Gobierno porque no se ven la reformas sociales que marcan la transición hacia la paz”, agrega González Posso.
“Es decir –dice-, la implementación ha estado ajustada únicamente a los puntos del Acuerdo que le convengan al Gobierno y a su programa de administración”, y lo que se ha hecho “ha sido en respuesta a presiones internacionales, presiones de las Cortes, presiones del Congreso, y con programas que no se pueden desmontar porque tiene vigilancia constitucional”.
¿Y la Farc, qué?
Obviamente otro es el análisis que se hace desde la otra orilla, en particular cuando se habla de las víctimas.
“Se supone que un acuerdo de paz se hace para reconciliar un país, y eso no se ha logrado. Por el contrario, es mayor la polarización entre sectores políticos, la insatisfacción ciudadana es enorme, lo pactado no ha significado para las víctimas ni verdad ni justicia y mucho menos reparación”, afirma el exsenador del Centro Democrático Alfredo Rangel Suárez.
Este experto en seguridad y defensa nacional sostiene que lejos de desarmarse, Farc siguen alzadas en armas, están dedicadas al narcotráfico, no han colaborado en la lucha contra el narcotráfico, no han entregado bienes para reparar a las víctimas, ni han dado razón de los desaparecidos, de los secuestrados que murieron en su poder, ni han admitido el reclutamiento y abuso sexual de menores.
“Tampoco entregaron todas las armas, y como se ve tampoco se desmovilizaron todos sus hombres porque se están rearmando. Así que este es un proceso de paz con una carga negativa muy alta, por eso su desprestigio entre amplios sectores de la sociedad nacional e internacional”, asegura.
Más aún, Rangel considera que uno de los mayores fiascos del Acuerdo fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “que fue creada a la medida y exigencia de las Farc. La JEP ha sido una farsa que garantiza la impunidad absoluta para criminales que incluso niegan sus delitos a la luz del día sin que ello conlleve siquiera a una sanción como la pérdida de beneficios”.
Pero quizás una de las falencias más prominentes de este proceso ha sido “la falta de compromiso con la verdad”, que fue uno de los puntos del Acuerdo, al decir del ex comisionado de Paz Víctor G. Ricardo.
“La verdad es la base de una paz duradera y sólida, las víctimas todavía están esperando esa verdad peor nadie les ha cumplido. A eso hay que sumarle la ausencia de presencia del Estado en las zonas de conflicto que abandonó esa guerrilla y ahora están copadas por otras fuerzas armadas ilegales”, insiste.
Pero este ex comisionado de Paz considera que la principal dolencia del Acuerdo de Cartagena es no haberlo convertido en una política de Estado, sino como política de Gobierno. “Por eso no todos se sienten involucrados, ni comprometido y menos identificados con una paz que ni es sólida, ni es estable y tampoco duradera”.
Lo que viene
Así las cosas, los expertos consultados advierten que es mucho lo que hay por hacer en los dos años que restan de la administración Duque, comenzando por la protección de los excombatientes que han puesto una cuota muy alta de sangre y se constituye en una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional.
“La JEP ha sido una farsa que garantiza la impunidad absoluta para criminales que, incluso, niegan sus delitos a la luz del día”: Alfredo Rangel
Para Ricardo, la prioridad a futuro es la verdad. “Sin verdad integral no tendremos una paz integral. Pero además es necesario planificar el futuro que incluya a todas las regiones del país, y que la presencia del Estado no sea solo armada sino también social”.
García-Peña, por su parte, advierte que para corregir el rumbo lo primero es “reconocer que existe un Acuerdo que hay que cumplir”.
Mientras Rangel concluye: “La buena voluntad del Gobierno para cumplir lo pactado contrasta con la burla cínica y el incumplimiento absoluto de los compromisos de las Farc”: