Justo en un momento en que el Gobierno responsabiliza al narcotráfico de la oleada de masacres perpetuadas en las últimas semanas e insiste en la necesidad de reactivar la fumigación a cultivos ilícitos, prende la polémica un proyecto que llegó al Congreso para regular, por un lado, el mercado de la hoja de coca y sus derivados con fines medicinales y por el otro, también el uso recreativo permitiendo para ello la producción y venta de cocaína de manera controlada por parte del Estado.
La iniciativa fue radicada por los senadores Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y tiene la firma de 19 parlamentarios respaldándola, además de varias colectividades.
- Más información: Preocupa el aumento del consumo de drogas: Minjusticia
Sin ambiente
La ex viceministra del Interior e integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Viviana Manrique, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “Colombia ha prohibido la distribución, la comercialización, el consumo, todo aquello que no tenga un fin terapéutico. Obviamente esa modificación va en contravía de lo que está en la ley actual. No veo el ambiente en el Congreso para hacer una modificación prácticamente de toda la ley estatutaria que regula el tema”.
Agregó que el Gobierno actual no estaría de acuerdo, porque “ha sido muy insistente, primero en la guerra contra el narcotráfico. Eso está muy relacionado con el inicio de la fumigación con glifosato; entonces, la política pública es muy clara, por lo menos de aquí al 2022, de guerra contra el narcotráfico, no producción, no comercialización, no distribución, y solamente se mantiene aquello que tenga uso terapéutico”.
Manrique recordó también que en los países “donde se permite el uso recreativo se eleva inmediatamente el consumo en la población. La encuesta que sacó el DANE este año del consumo de drogas evidencia cómo se ha crecido en jóvenes, incluso desde edades muy tempranas”. Agregó que crear en este momento una libertad de consumo generaría muchos problemas por la crisis social que está pasando Colombia y el mundo.
Dijo también que un cambio de estos no es tan fácil porque los consensos internacionales son claros en que la prohibición al consumo es la regla general y la excepción son los países que permiten el uso recreativo. “Entonces cuando un país genera una autorización de estas tiene que articularse, incluso, con los países vecinos para entender qué es lo que va a pasar”.
Señaló que “si tenemos el caso de Panamá, Brasil, Ecuador, Perú, que también están en la línea de la prohibición, si Colombia empieza el uso recreativo, pues va a generar aumento del consumo también en los países vecinos”.
Otro temor que se da al respecto, explicó, “es que nos convirtamos en un país de turismo del consumo, y eso es también muy grave, no solo para la salud pública sino porque empieza a afectar toda la salud de la región”.
Compromisos
El experto en políticas públicas de seguridad y drogas, Daniel Mejía, le dijo a este Diario que “hay que revisar los tratados que Colombia ha suscrito internacionalmente, si el proyecto de ley es compatible con el cumplimiento de los compromisos, en particular con las convenciones de Naciones Unidas que declaran a la cocaína un producto ilegal”.
En este sentido, reseñó que está el precedente de Estados Unidos que legalizó la marihuana con fines recreativos, y “de alguna manera se saltó los tratados internacionales. Si Estados Unidos lo pudo hacer con marihuana y nadie le dijo nada, habría que ver si a Colombia la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas requiere por este proyecto de ley, que iría en contra de los tratados internacionales”.
Añadió que en un marco teórico es cierto que la regulación “con todos los controles sanitarios, de salud pública, etcétera, es preferible a una prohibición estricta. La pregunta es si Colombia siendo el mayor productor de cocaína del mundo puede declararse un país en donde la producción de cocaína es legal y qué pasa en términos internacionales”.
Negocio
Marulanda dijo que desde hace cuatro décadas los colombianos han sido testigos de “un verdadero baño de sangre fruto de una guerra infructuosa y fracasada contra las drogas”.
- Puede interesarle: Medidas contra nuevas formas de consumo de drogas
Agregó que en cambio ahora se pretende que “el Estado compre las cosechas de hoja de coca de todos los campesinos que están georreferenciados en los estudios de Naciones Unidas para que estos no sufran más la persecución de las autoridades, de un lado, y de las organizaciones mafiosas, del otro. Y quitarle de esa manera el negocio enorme de la hoja de coca y de su procesamiento a las organizaciones mafiosas, organizaciones criminales, organizaciones internacionales”.
Por su parte, el senador indígena Valencia consideró que “hay que darle otro enfoque a las luchas contra el problema de las drogas ilícitas en Colombia, pasar del enfoque restrictivo y prohibicionista, a mecanismos de regulación y legalización de este tipo de derivados”.
Mientras que el representante por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, le dijo a este Medio que “este proyecto cobra mucha relevancia hoy más aún que hemos estado hablando de los asesinatos a líderes sociales, las masacres, y toda esta situación es una muestra más al final de que la lucha contra las drogas la perdimos porque la política antidrogas está mal enfocada”.
Agregó que en el negocio de las drogas los únicos que ganan son los “narcopolíticos, los narcotraficantes, los guerrilleros, los paramilitares. De resto toda la población, nuestra juventud, los ciudadanos somos los que perdemos y la mecha del conflicto armado en Colombia durante los últimos años ha sido el narcotráfico”.
Toro es consciente de que la iniciativa de legalización abre una discusión espinosa y difícil, “pero que hay que dar como sociedad” y regular en qué espacios y bajo qué mecanismos, como en su momento se hizo con el alcohol, “donde se dieron cuenta los países que lo único que generaba mafias era el prohibicionismo y que el Estado podía generar muchísimas más rentas con la legalización, para invertir en la prevención”.
Implicaciones
- El proyecto permite la coca solo en las áreas identificadas por el Censo de cultivos ilícitos realizado en el 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, o en los territorios indígenas, teniendo en cuenta en este último caso el significado ancestral de la planta.
- Los cultivos no se permitirán en Parques Nacionales Naturales.
- La coca como sus productos derivados que no sean psicoactivos o que sean poco psicoactivos -tales como alimentos, bebidas, cosméticos-, se podrá producir y comercializar sin restricción distinta a las ya existentes para los productos de su categoría.
- Para la producción de cocaína el Gobierno será el único autorizado a comprar la hoja de coca a los cultivadores.
- La transformación y producción de derivados psicoactivos de la hoja de coca también estarán bajo el control del Estado. Sin embargo, en este caso, el Gobierno podrá contratar estos procesos con establecimientos especializados, como universidades o farmacéuticas.
- Una vez los derivados psicoactivos de la hoja de coca hayan sido transformados y producidos, su distribución correrá por cuenta de los establecimientos de salud públicos, así como de las farmacias que hayan obtenido licencia.
- Todos los usuarios interesados en adquirir estos productos para uso recreativo deberán registrarse en una base de datos, después de haber atendido una cita con un especialista en la que se les informará sobre los riesgos asociados al consumo.