Caleidoscopio | El Nuevo Siglo
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Martes, 13 de Agosto de 2019
Redacción Política

 

Ayer las entidades vinculadas en la implementación de la política de paz con legalidad dieron a conocer un balance de los logros y retos alcanzados en el primer año de gobierno del presidente Iván Duque en esta materia. En su intervención, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, señaló que en desarrollo del punto 5 del Acuerdo, dedicado a las víctimas del conflicto armado, en el último año fueron expedidas dos resoluciones por parte de la Unidad que permitieron acelerar la ejecución de la reparación colectiva tanto de sujetos no étnicos como de étnicos (03143 de 2018 y 1383 de 2019).

 

Avance en planes de reparación colectiva

 

Con base en esas resoluciones se diseñaron planes integrales concertados entre el Gobierno y los sujetos de reparación colectiva (comunidades, asociaciones, organizaciones, grupos), viables y realizables en los plazos acordados y que reparen efectivamente los daños colectivos ocasionados por el conflicto, lo que simultáneamente fortaleció la participación de las víctimas y la confianza en el Estado y aceleró la implementación de los planes. Entre el 8 de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2019, se cumplió la totalidad de las medidas contempladas en tres sujetos colectivos que son: la comunidad de la cabecera municipal de Mistrató, la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas (Amuci) de El Zulia y El Tigre.

 

Indemnización a 14 grupos étnicos

 

Estos tres planes colectivos, implementados en su totalidad durante el último año, se suman a los tres que se habían logrado durante los siete años anteriores. En los últimos 12 meses se implementaron 593 acciones de los planes integrales de reparación colectiva en todo el país, lo que representa un aumento cercano al 30% con respecto al año anterior, y con 65 sujetos colectivos se logró un avance del 50% de las medidas de su plan, mientas que un año antes ese porcentaje solo se había logrado con 28 sujetos. Desde el 8 de agosto de 2018 se ha indemnizado a 14 sujetos colectivos étnicos (los únicos que pueden recibirla), con una inversión total cercana a los $3.600 millones.