- Reparación a ritmo muy lento
- Campanazo al nuevo gobierno
Una de las premisas más reiteradas de los procesos de paz en Colombia es la referida a que las víctimas están en el centro y son la prioridad de todos los esfuerzos por buscar una salida negociada al conflicto interno. Lo anterior bajo la tesis de que por más que se desarme a los grupos ilegales, no se podrá hablar en nuestro país de un verdadero posconflicto a menos que los más de ocho millones de personas que se calcula fueron afectadas directamente por la guerra tengan acceso real a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Aunque en el papel esa formulación es absolutamente válida, lo cierto es que en la práctica falta mucho camino por recorrer para que se vuelva una realidad. Ya está más que visto que una de las grandes falencias de la Ley de Justicia y Paz, que se emitió en el gobierno Uribe para facilitar la desactivación de los grupos paramilitares, fue que las víctimas quedaron en un segundo plano. De allí las incipientes confesiones de los cabecillas e integrantes de las autodefensas sobre los móviles y autores materiales e intelectuales de la gran cantidad de asesinatos y otros hechos delictivos. Asimismo, es ínfimo el monto de los bienes entregados para la reparación en tanto que la devolución de bienes y predios a los desplazados se ha enfrentado con múltiples obstáculos.
Precisamente para corregir muchos de los vacíos dejados por la Ley de Justicia y Paz, en el comienzo del gobierno Santos se emitió la Ley de Reparación a Víctimas y de Restitución de Tierras, incluso cinco años antes de que se firmara el acuerdo de paz con las Farc, y con el objetivo de darle un piso normativo estable al programa de reparación por vía administrativa que se venía aplicando.
Tras siete años de vigencia, semanas atrás la saliente administración presidencial hacía un corte de cuentas según el cual hay 8.7 millones de víctimas registradas, de ellas 8.3 millones directamente por conflicto armado. Dentro de ese balance general se destacó que se alcanzó a reparar más de 800 mil víctimas, incluyendo la devolución a desplazados y legítimos dueños de más de 300 mil hectáreas. También se recalcó que la cantidad de recursos públicos que se ha destinado para aclimatar el posconflicto es creciente y tiene un horizonte superior a la década dada la complejidad de la reconstrucción económica, social e institucional en todo el país, tanto en el ámbito individual como colectivo.
Sin embargo, desde muchos sectores se ha insistido en que el proceso avanza muy lento y que, por el contrario, se ha desacelerado por hechos que van desde el rebrote de la violencia y asesinato de líderes sociales hasta engorrosos pleitos jurídicos y limitaciones presupuestales.
¿Cuál es la realidad? La semana pasada la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas emitió un nuevo informe al respecto, según el cual el esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento de la norma en el período comprendido entre 2018 y 2021 debería ser de aproximadamente 129.2 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno nacional en 28.4 billones.
Según la Comisión, esta situación evidencia que el plazo de ejecución actual y los recursos disponibles resultan insuficientes. Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en 2017, que fue de 13.5 billones de pesos, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la ley se requieren cerca de diez años adicionales.
Así las cosas, para la instancia de vigilancia es claro que tras siete años de implementación de la Ley de Víctimas y los decretos leyes derivados, los resultados obtenidos no se han dado a un ritmo que permita estimar que se cumplirá con los objetivos reparadores en los tres años que quedan de vigencia de la norma. En ese orden de ideas, la estrategia para asumir los desafíos planteados deberá incluirse en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que debe presentar el gobierno Duque este semestre al Congreso, previendo una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima.
Como se ve, la política de reparación a las víctimas avanza a un ritmo menor al esperado, casi crítico en algunos aspectos, precisamente cuando la mayoría de los cabecillas paramilitares ya está libre, tras pagar apenas ocho años de cárcel, en tanto que los de la guerrilla siguen en libertad mientras comienzan a ser juzgados por una legislación que contempla hasta cero años de cárcel e incluso ya varios de ellos tienen asiento en el Congreso.