Anif: quitar pago a Cajas e intereses de cesantías | El Nuevo Siglo
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Sábado, 18 de Agosto de 2018
Redacción Economía
Los trabajadores se oponen a estas iniciativas ya que consideran que son beneficios sociales que hoy abarcan a 27 millones de colombianos.

 

Eliminar las contribuciones parafiscales (equivalentes al 4% sobre el valor de la nómina) destinadas a las cajas de compensación y los intereses de las cesantías, propuso la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF) para bajar los costos salariales que deben afrontar las empresas y flexibilizar el mercado laboral.

En un informe denominado ‘Elementos para una reforma estructural laboral’, hecho por el centro de estudios económicos del gremio, se indica que estos son dos elementos apenas que deberían ser considerados para la reforma laboral que necesita el país.

La rigidez del mercado laboral colombiano genera barreras a la formalización laboral, reduce la duración del empleo en el sector formal y tiene un efecto negativo sobre la tasa de desempleo. Esto evidencia la importancia de flexibilizar el mercado laboral, disminuyendo los costos no salariales.

Indica el informe que “en el frente de costos no salariales directos, resulta clave ahondar sobre lo alcanzado en la Ley 1607 de 2012 en materia de parafiscalidad, empezando con el desmonte de la contribución del 4% sobre la nómina destinado a las Cofamiliares. Adicionalmente, cabe evaluar la posibilidad de eliminar el costo no salarial referente a los intereses de las cesantías (bordeando valores del 1%-1.1% del valor de la nómina), teniendo en cuenta que dichas cesantías ya reciben rendimientos por parte de las entidades a cargo (AFPs o el FNA)”.

Rechazo

El presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, dijo que “los refritos de ANIF son una constante agresión a los derechos de la clase trabajadora, no tienen sentido ni presentación, mucho menos cuando provienen del sector parasitario de la economía, son propuestas traídas de los cabellos”.

Indicó el dirigente sindical que “eliminar el 4% parafiscal aumentará la desigualdad social, es bueno decirles que Colombia ingresó a la OCDE donde existen unos estándares laborales en los socios y que hay que respetarlos, nos tenemos que medir a esos estándares laborales de socios como Canadá, Suiza, Bélgica y no con Haití”.

Sostuvo que el 4% al que se refieren de las cajas de compensación familiar es en la práctica un salario social para los sectores más empobrecidos, pero que además hoy le llevan servicios a 27 millones de colombianos en salud, en recreación social, los centros vacacionales son los más importantes en región latinoamericana. Se necesita ser muy insensibles decir eso, que eliminen el 4% a los trabajadores”.

Vigilancia

Asegura el informe que “en este último caso de las cesantías, también se requiere instaurar un mecanismo de vigilancia y verificación más estricto por parte de los empleadores para controlar el destino de dichos recursos, particularmente en el caso de los retiros parciales y establecer un mecanismo de protección al cesante que limite los montos de retiro  en función del salario y del valor acumulado”.

Sostiene la ANIF que “por ejemplo, alguien que gane dos salarios mínimos no debería poder retirar las cesantías hasta tanto no haya acumulado un monto de $9.4 millones (suponiendo que estará cesante durante seis meses); o el de cinco salarios mínimos un monto de $23.4 millones”.

Asegura que este hecho “tendría la bondad de instaurar un verdadero seguro al desempleo para los trabajadores que tengan que enfrentar la contingencia de quedar desempleados. Además, dicho mecanismo de protección al cesante también debería impedir que el retiro de las cesantías se haga “de un solo tajo”. En ocasiones, los desempleados consiguen un nuevo trabajo rápidamente, por lo cual no sería necesario retirar el monto total de las cesantías. Por ello, sugerimos que los desembolsos se hagan mensualmente, evitando desahorros innecesarios”.

En lo referente a los costos indirectos, “se debe empezar por evitar implementar medidas que continúen ampliando dichos costos, tal como ocurrió recientemente con la Ley 1846 de 2017. Recordemos que dicha Ley reversó el abaratamiento laboral que se había logrado con la Ley 789 de 2002, la cual tuvo la virtud de reducir el recargo del trabajo dominical-festivo en un 25% y modificar los horarios del trabajo diurno (limitando los recargos nocturnos al horario de 10 p.m. - 6 a.m. vs. el anterior 30 de 6 p.m. - 6 a.m.). Ahora, se ha ampliado nuevamente dicho horario, iniciando a las 9 p.m. (1 hora antes de lo que había establecido la Ley 789 de 2002)”.

En este frente de costos no salariales indirectos, también resultará clave trabajar en las incapacidades médicas, adoptando mecanismos prácticos de escrutinio de dichas incapacidades para hacerle frente a la problemática actual de redes de fraude. Allí valdría la pena implementar un sistema que permita sistematizar y facilitar las sanciones para los empleados que acudan a estos esquemas de engaño, lo cual técnicamente podría llevarlos a la cárcel (según el Artículo 289 del Código Penal colombiano).

Despidos

Por último, se debe trabajar en la disminución de los costos de despido. Esto con la bondad de generar enganches más rápidos y, así, favorecer la creación de empleo, especialmente en épocas de recuperación económica (fácil despido, pero fácil reenganche). “Previamente, autores como Kugler et al. (2004) han señalado que los elevados costos de despido incentivan a las empresas a contratar individuos que están empleados. Ello responde a que los empleadores suponen que, si un trabajador fue despedido pese a los elevados costos de despido, es probable que ellos también tengan que despedirlo. De esta manera, los elevados costos de despido implican aún mayor rigidez y dificultades de reincorporación para los trabajadores desempleados”, sostiene el estudio.

En los estimativos del centro de estudios, estos cambios tendrían una reacción directa con la reducción de la informalidad laboral y con una caída del desempleo.

En sus cuentas, se elevarían los empleos formales (es decir, que pagan seguridad social y pensión) en cerca de 1,2 puntos porcentuales, mientras que el desempleo se reduciría en 0,64 puntos porcentuales, generando 175.000 plazas nuevas cada año, lo que se traduciría en casi 2 millones en una década.

De hecho -según los cálculos hechos por el centro de estudios económicos- también se haría necesario instaurar una remuneración diferencial para los menores de 25 años que estén en períodos de aprendizaje, a quienes se les pagaría un 75% del salario mínimo mensual.