SE CAYÓ LA CIRCULAR 08
Futuro incierto de los precios de medicamentos

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En manos del presidente Iván Duque y el Ministro de Salud está el expedir esta nueva metodología que beneficiará a miles de usuarios

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Aunque el exministro de Salud Alejandro Gaviria alcanzó a regular el precio de 900 medicamentos, entre ellos unos 70 anticonceptivos orales, no alcanzó a expedir la más importante: la circular con una nueva metodología que combina la evaluación de su aporte terapéutico con la revisión de precios internacionales. Esta circular, la 08, se cayó por la falta de la firma del superintendente Pablo Felipe Robledo. 

La circular 08 establece que a todos los medicamentos que ingresan al país se le debe colocar un precio tope con base en su eficacia terapéutica. El Ministerio había alistado un comunicado de prensa para hacerlo público con la firma de Robledo. “En este caso, lo que se busca es que los medicamentos que ofrezcan mayores beneficios a los pacientes con respecto a los medicamentos existentes puedan cobrar mayores precios, y que aquellos que no signifiquen una mejora significativa frente a sus competidores tengan precios bajos”, señaló un experto.

La nueva herramienta de regulación impactaría directamente el gasto en salud, pues se aplica a los medicamentos con precios exorbitantes cuyos aportes no son claros y deben ser evaluados de manera formal. Dejarla de lado implicaría abrir la puerta a medicamentos nuevos de los que no es claro su beneficio agregado, y podría poner en jaque al sistema de salud.

Implementación

Según la profesora Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional, una de las ventajas que tendrá el nuevo ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, es que “la pelea más fuerte ya se libró, por eso es importante que deje fluir esta última etapa y además verifique y monitoree su posterior implementación”.

Destacó que aunque no son más de diez o 20 los medicamentos nuevos que ingresan cada año al país, estos encabezan las listas de recobros que debe pagar el Estado a las EPS, con cifras que solo este año alcanzaron los tres billones de pesos, y que seguramente sin la regulación tenderán a incrementarse.

“Lo que hace la industria farmacéutica es un recambio dinámico de sus productos con innovaciones marginales que rara vez se traducen en algunas mejoras importantes, y además ejerce inmensas presiones sobre el mercado y el gasto público”, explicó.

Una regulación de avanzada

El Ministerio de Salud y Protección Social diseñó el modelo de regulación de avanzada inspirado en la experiencia de Brasil y Francia, y además consideró buena parte de las recomendaciones formuladas en su momento por el Centro de Pensamiento de la U. Nacional y otras entidades como el BID.

La metodología establece con claridad si el precio de un medicamento en realidad refleja el aporte y beneficio que ofrece, al compararse con los que existen en el mercado.

En el esquema planteado, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) definiría el aporte terapéutico de los nuevos medicamentos, información que pasaría a la Comisión Nacional de Precios, que fijaría el costo, para que, una vez finalizado este proceso, el Invima otorgue el registro sanitario correspondiente para su comercialización, todo esto en los tiempos esperados para el registro sanitario.

En tal sentido, la regulación no solo cambiaría el método de asignación para medicamentos nuevos, sino que además evitaría que pudieran ser comercializados sin que se les definiera un precio, en unos tiempos que según las normas vigentes deberían ser muy cortos.

Un proceso tortuoso

A pesar de que la implementación de la metodología constituyó una de las prioridades del exministro Gaviria, la presión de las trasnacionales fue tan grande que condicionaron el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), retrasando la expedición de la medida.

Aunque el equipo de trabajo del Minsalud adelantó estos procesos en tiempo récord, como ninguna circular de precios puede salir a la luz pública sin un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, la metodología no podrá ser implementada y permanecerá congelada por tiempo indefinido.

De allí que el nuevo Gobierno tiene que decidir pronto sobre una medida que dejó lista el exministro de Salud Alejandro Gaviria. No se trata de un listado de regulación a precios de medicamentos como las que expidió el Ministro durante sus seis años al frente de la cartera. Este era un cambio estructural del modelo con el que se fijan los precios de las medicinas que ingresan a Colombia, y tenía efectos contundentes sobre la industria farmacéutica mundial.

Actualmente, el mayor comprador de medicinas es el Estado y esto tiene que ver con la ley estatutaria de salud y las reiteradas sentencias de la Corte Constitucional que sentaron jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud de los colombianos.

En declaraciones a medios, la experta de justicia Tatiana Andia, dice que los derechos a la salud son muy garantistas y por eso las medicinas, inclusive las que son elaboradas para enfermedades de alto costo como el cáncer, son pagadas con los recursos públicos, con los impuestos. En otros países del mundo hay listas claras que definen qué sí debe ser pagado por el Estado y qué no, y con base en esos listados los países regulan los precios de los medicamentos con el único precepto de su eficacia terapéutica.

En Colombia esto no ocurre. Aunque el Ministerio ha sacado listados con el tope máximo de precios a medicamentos para todo tipo de enfermedades-la más reciente incluyó cientos de anticonceptivos-, los precios de las medicinas que ingresan al país son regulados básicamente por la ley natural del mercado. Y esto, al ser el Estado el principal comprador, causa unos precios altos que se incrementan de acuerdo a la demanda y le produce al Gobierno unos enormes costos. Según Andia, “en Colombia tradicionalmente se pagan precios altos por medicamentos con el erario”. Duque tiene en sus manos ganarles el pulso a las farmacéuticas y beneficiar a miles de pacientes para que puedan acceder a medicamentos con precios razonables.