PAE ¿borrón y cuenta nueva? | El Nuevo Siglo
Jueves, 16 de Agosto de 2018
  • Primer gran reto del nuevo gobierno
  • Cartelización y corrupción, los lastres

Uno de los mayores avances en Colombia en esta centuria ha sido el relacionado con la cobertura y calidad de la educación, y no sólo en el aspecto cuantitativo como tal, es decir el volumen de niños y jóvenes escolarizados, sino en cuanto a la cualificación de la enseñanza, la infraestructura, la innovación tecnológicas, un mejor recurso docente y medidas de apoyo económico y psicosocial a los alumnos.

En este último campo, uno de los aspectos de mayor impacto es, sin duda, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante el cual se les proporciona desayunos, refrigerios y almuerzos a los estudiantes de colegios y escuelas públicas a lo largo y ancho del país. A comienzos de este año la meta era entregar cinco millones y medio de raciones diarias de alimentos.  La existencia de este programa, según lo evidencian los estudios, no sólo ha contribuido a mejorar los estándares nutricionales de esta franja poblacional, sino disminuido también los índices de deserción escolar, ya que una de las excusas más reiteradas de los padres de familia de los estratos socioeconómicos más bajos era que si bien la educación de primaria y secundaria es gratuita, e incluso hay apoyos en materia de útiles y otros subsidios, no tenían cómo sufragar la alimentación y loncheras de los pequeños. Incluso, es evidente que sin el PAE el plan de ampliación de la llamada “jornada única” en las instituciones oficiales habría sido imposible.

Sin embargo, como todo el país lo sabe, lamentablemente el PAE terminó ‘capturado’ en muchos municipios y departamentos por las redes de contratación y corrupción que, en una muestra palmaria de degradación, deshumanización y barbarie criminal, no tienen el menor recato en apoderarse de los recursos destinados a la alimentación de los niños y jóvenes más pobres del país, incluso llegando al extremo de suministrarles comida en raciones mínimas, desbalanceada, preparada sin las condiciones higiénicas o incluso en estado de descomposición. La Contraloría, Procuraduría y Fiscalía así como varias superintendencias tienen múltiples fallos e investigaciones a gobernadores, alcaldes, secretarios, contratistas y funcionarios de distinto nivel por incurrir en una amplia gama de delitos, infracciones administrativas, fallas disciplinarias y detrimentos fiscales. La crisis es tal que hasta las propias federaciones de mandatarios departamentales y municipales han urgido desde hace un tiempo a la Casa de Nariño que reverse la descentralización del PAE, de forma tal que el manejo de todo el programa de selección, contratación y vigilancia de la ejecución de los billonarios recursos destinados para alimentar a los estudiantes quede en manos de una entidad  del orden nacional, como el Ministerio de Educación o Bienestar Familiar. Incluso se han escuchado propuestas para que el tema sea asumido por el proyectado Ministerio de la Familia.

La corrupción ha llegado a tal punto que hasta las mismas empresas y los gremios productivos que se dedican a la provisión de desayunos, almuerzos y refrigerios a los alumnos se han mostrado de acuerdo en que se cambie todo el sistema. Advierten que en el PAE se enquistó una red sistémica de “cartelización” que a punta de múltiples compañías de fachada e intrincadas tácticas anticompetitivas se quedan con la mayoría de las licitaciones...

El nuevo gobierno anunció días atrás que en menos dos semanas dará a conocer una reforma profunda al PAE que, en palabras del Jefe de Estado, “tendrá un estricto control de los recursos, mejor inversión, con transparencia y calidad”.

Obviamente la expectativa en torno al nuevo modelo es muy alta en todo el país. Lo importante, sea cual sea la estrategia que se planee implementar, es que la reingeniería se dé a todo nivel. Es decir, que no sólo se ajuste lo relativo al sistema y los filtros contractuales, sino también en la vigilancia en tiempo real de la calidad, cantidad y carga nutricional de los alimentos suministrados. Es claro que gran parte de las anomalías y trampas en el PAE se debe a la limitada capacidad de denuncia de los profesores e inspectores de educación locales y seccionales, así como de autoridades como las personerías, comisarías de familia, funcionarios de Bienestar Familiar y hasta de las asociaciones de padres de familias. Habría que crearles a todas estas instancias responsabilidades en este aspecto, con fuertes sanciones si, por acción u omisión, permiten o dan margen para que a los niños se les preste un servicio deficiente.

El Gobierno asume, en consecuencia, uno de sus primeros grandes retos con la reforma al PAE y tendrá encima los ojos de millones y millones de colombianos, sobre todo de los menores de edad, cuyos derechos son prevalentes y a los que no puede defraudar por ninguna razón.