Insólita la demanda de la empresa sobornadora de pedir billonaria suma a Colombia para proteger sus inversiones. Se fundamenta en la mala fe, es tortuosa. La firma no puede aducir que fueron unos directivos suyos los que repartieron coimas por toda América Latina al más alto nivel, en forma personal, cuando tenía un departamento dedicado a la criminal empresa y aducir que hubo expropiación de bienes, aun cuando conviene saber cómo terminan sus contratos, especialmente el de la Ruta del Sol, si se han impuesto sanciones.
Increíble mencionar la constitución de un tribunal de arbitramento, que funcionarios encargados de la defensa del Estado se apresuren a señalar un costo de millones de dólares y etapa de conciliación durante, al menos, los veinte meses venideros. El propio abogado Weimer Ariza, representante de la firma en el tribunal de arbitramento nacional, renunció en total desacuerdo con la inaudita pretensión.
El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, con franqueza y valor, en declaraciones para El Nuevo Siglo manifiesta: “el carácter leonino contra países como Colombia de esos tribunales internacionales de arbitramento está demostrado hasta la saciedad, lo he denunciado.” Comparto su inquietud “porque con la ley 1882 del 2017 los pillos prepararon el reclamo del tribunal de arbitramento que se tramita con Odebrecht.”
Aquí, en lugar de finiquitar contratos incumplidos por la multinacional, de demandarla por los inmensos perjuicios ocasionados con su criminal accionar, resulta injurioso y apabullante el anuncio de concentrarnos en la defensa frente a la absurda embestida, en intercambiar ideas para aceptar una confrontación inverosímil. El señor Procurador Fernando Carrillo tiene razón en que la “pretensión es indignante, temeraria e inaceptable,” pero urge una posición coordinada del Estado, de ninguna manera, caer en la trampa de facilitar conciliaciones cuyo objetivo además de esquilmar es presionar ventajas hacia la conclusión de convenios viciados, adelantados con base en la intervención en campañas políticas, en la compra de conciencias, en la entrega de dineros sucios a funcionarios públicos, a personas influyentes receptores de beneficios indebidos, lo cual se encuentra plenamente probado en las investigaciones, hecho aceptado por los incriminados, alguno de ellos ya condenados luego de su confesión y colaboración con la justicia.
Difícil tarea la de gobernar a esta Nación. Al presidente Iván Duque, recién posesionado, le esperan grandes desafíos, tiene carácter y estoy seguro de que analizará la situación escuchando el concepto de expertos, adoptando las determinaciones que corresponden. Lo único que faltaba, la falacia de la expropiación de Odebrecht y pactar indemnización por “violación” a derechos de inversionistas extranjeros causantes de un episodio de corrupción internacional de incalculables proporciones. ¡Ojo con esto!