- La misión del contralor Córdoba
- Aprovechar la voluntad política
Una reingeniería en el control fiscal en Colombia es urgente. No solo porque la corrupción se ha enquistado en muchas instancias del gobierno a nivel nacional, regional y local, sino porque está visto que el actual conjunto normativo no es suficiente ni eficaz para actuar sobre quienes defraudan la majestad de la función pública y afectan, por acción u omisión, el erario. Sin embargo, llevar a cabo una reforma a la jurisdicción de control fiscal es un proceso muy complejo y difícil. En el pasado se han puesto sobre la mesa distintos tipos de ajuste sin que uno solo de ellos hubiera llegado a convertirse en realidad.
El último intento en esa dirección se dio, precisamente, el viernes pasado cuando el saliente contralor Edgardo Maya radicó en el Congreso un proyecto de ley que modifica los procesos en juicios de responsabilidad fiscal. La iniciativa plantea agilizar los mecanismos de investigación, formulación de cargos, notificación y recursos dentro de las causas por detrimento patrimonial para obtener, de esta forma, un resarcimiento más eficiente y tangible de los daños al patrimonio público.
Sin embargo, al decir de varios expertos en control fiscal Colombia necesita un ajuste más a fondo de todo el sistema. Un ajuste que, por ejemplo, sea más ágil en cuanto a poder perseguir los bienes y recursos de los funcionarios públicos y particulares que, una vez en la mira de la Contraloría, hacen todo tipo de maniobras para traspasar sus propiedades y esconder sus bienes. De esta manera, incluso si son encontrados responsables de daño fiscal, su iliquidez hace imposible al Estado recuperar una parte de los recursos perdidos por corrupción o desgreño administrativo. En ese mismo marco circunstancial, es urgente acelerar los tiempos de los procesos fiscales, ya que los fallos definitivos terminan dándose mucho tiempo después de perpetrado el daño.
No menos importante resulta el hecho de que la Contraloría y la Agencia de Defensa Jurídica puedan trabajar de una manera más coordinada, sobre todo para prender alertas tempranas sobre situaciones que ponen en peligro el presupuesto público. Por ejemplo, la racha de asesinatos de líderes sociales en el último año y medio no sólo es una situación muy grave en materia de orden público, sino que además representa un riesgo fiscal muy grande. Hasta el momento las demandas contra la Nación por presuntas fallas en la protección de estos dirigentes ya sobrepasan los 200 mil millones de pesos.
En el campo estructural también se requiere una reforma de fondo. Desde hace muchos años se viene hablando en el país de la ineficiencia de las contralorías departamentales y municipales, bajo la reiterada tesis de que estas instancias no cumplen una labor eficiente en materia de vigilancia fiscal a las administraciones seccionales ¿La razón? Que su origen político ha llevado a que muchos de estos contralores sean más cómplices que veedores de los gobiernos regionales.
La elección anoche en el pleno del Congreso de Carlos Felipe Córdoba como Contralor General se constituye en un punto de partida para que esa reingeniería que urge la jurisdicción de control fiscal comience a aterrizarse. Tanto los partidos con representación en el Congreso como el gobierno del presidente Duque han reiterado que están prestos para sacar avante en esta primera legislatura los ajustes legales y constitucionales necesarios para combatir la corrupción, el flagelo que en palabras del saliente titular del ente de control mueve en Colombia más de cincuenta billones de pesos al año.
Habrá que esperar a que Córdoba se posesione y emita un primer corte de cuentas sobre cómo encuentra la entidad y cuáles son las reformas que a corto, mediano y largo plazos se requieren para fortalecer la facultades y eficiencia de la misma. Lo importante es que en estos momentos en que la sociedad colombiana está en una cruzada contra la corrupción y que desde las tres ramas del poder público se manifiesta que hay voluntad para abocar una lucha sin cuartel contra la misma, esa reingeniería en las jurisdicciones penal, disciplinaria y fiscal no se dilate ni se quede a medio camino.