El esfuerzo fiscal requerido para el financiamiento de la atención de la población afectada por el conflicto armado, en el período comprendido entre 2018 y 2021, debería ser de aproximadamente 129,29 billones de pesos, lo que supera el valor estimado por el Gobierno nacional en $28,4 billones de pesos, según la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas.

Según la Comisión, esta situación evidencia que el plazo de ejecución actual y los recursos disponibles resultan insuficientes. Si se toma como referente el valor ejecutado para esta política pública en 2017, que fue de 13,5 billones de pesos, se calcula que para cumplir con los requerimientos de la ley se requieren cerca de diez años adicionales.

Para la implementación de la política de víctimas, el Gobierno nacional asignó, entre 2012 y 2018, 76,9 billones de pesos a precios constantes de 2018. Sin embargo, no realizó un esfuerzo fiscal adicional, sino una destinación prioritaria de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), que alcanzó el 56% del total asignado.

La Comisión identificó fallas de planeación que inciden en la implementación de la política, inconsistencias en los reportes sobre el cumplimiento de los indicadores del Conpes 3726 y del Plan Nacional de Desarrollo. Además, de una insuficiente incorporación del enfoque étnico en la política de víctimas, por lo que hicieron un llamado al Gobierno nacional para que tenga en cuenta las conclusiones en la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que deberá contemplar una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima.

Resulta imperativo que el Gobierno nacional realice un análisis presupuestal riguroso y detallado de la Ley y los Decretos Leyes Étnicos frente a su cumplimiento, en consideración a su vigencia, de modo que se garantice un escenario real de financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa, en procura de la satisfacción de los derechos de las víctimas.

En cuanto al presupuesto para las víctimas étnicas, se evidenció que el Gobierno proyectó para el período 2012 a 2021, recursos por 3,8 billones de pesos para las medidas de salud, educación y generación de ingresos. Posteriormente, en atención al llamado de la Corte Constitucional -Auto 266 de 2017-, realizó una estimación de los costos de atención y reparación de la población desplazada indígena y afrocolombiana por valor de 15,9 billones de pesos de 2017.

Pese a estos recursos, la Comisión consideró necesario realizar un costeo total y definitivo de los Decretos Leyes que tenga en cuenta i) la atención de víctimas étnicas de otros hechos victimizantes, ii) el universo de víctimas del Pueblo Rrom, iii) el cumplimiento de los derechos y medidas a las comunidades étnicas y iv) el tiempo requerido y las fuentes de financiación.

Asimismo, se evidenció que se requiere mayor detalle, rigurosidad y una actualización permanente de los recursos ejecutados para las comunidades étnicas. Igualmente, existe una alta concentración de los recursos ejecutados en la fase de atención humanitaria y una baja participación presupuestal para la reparación colectiva, participación de las víctimas y retornos y reubicaciones. Es necesario también seguir avanzando en las mejoras al proceso de registro colectivo.