ANALISIS
La tercera vía del presidente Iván Duque

Foto cortesía Presidencia
El nuevo esquema de entender y hacer política que propone el Gobierno genera muchas expectativas, algunas certezas y otros tantos interrogantes. Se trata de un cambio de escenario cuya viabilidad se irá comprobando a medida que la acción del Ejecutivo y el llamado Pacto por Colombia empiece a concretarse

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La nota sobresaliente, a partir de la posesión del presidente Iván Duque el martes pasado, está en esa especie de tercera vía que propuso al proclamar que su propósito es superar las divisiones entre derecha e izquierda, las tendencias del neoliberalismo o el socialismo y crear un eje gubernamental a partir del diálogo popular y los aportes entre los diferentes sectores sociales.

Los primeros días del nuevo gobierno han sido en cierta medida tormentosos pero, de antemano, sirvieron para  vislumbrar una persona serena y moderada en la figura del Primer Mandatario. Haciendo caso omiso a la controversia, pretende fijar los mojones de sus cuatro años de mandato en lo que llamó el Pacto por Colombia.

Puede ser ello, en alguna proporción, una variante de lo que  Álvaro Gómez Hurtado llamaba “El acuerdo sobre lo fundamental” y que consistía en un puñado de propuestas  que todos los colombianos, tanto los partidos políticos como las fuerzas vivas, pudieran convenir. Se trataba de una plataforma general de amplios propósitos nacionales que no implicaba borrar las discrepancias programáticas de cada quien o su movimiento.

Por esa época Gómez Hurtado hablaba, en principio, de la no transacción de la ley, el rigor en la planeación nacional, el amparo del medio ambiente, el restablecimiento de la seguridad y la recuperación de la ética en el servicio público.

No significaba ello, por descontado, la renuncia a los aspectos ideológicos y las diferentes visiones de la sociedad, sino la propuesta de fijar unos principios mínimos en los que, como hoy, parecería fácil ponerse de acuerdo.

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Construir consensos

La democracia, como se sabe, es un sistema por medio del cual de unos disensos previos se llega a un consenso final, bien sea en lo atinente al trámite legislativo, donde terminan preponderando las mayorías paulatinamente conseguidas en el desarrollo de los debates, o bien en la hechura de las políticas públicas o en un convenio previo del gobierno con los sectores económicos y sociales.

La audaz propuesta del presidente Duque, relativamente opacada por incidencias de otra índole, está en vías de desarrollo. No basta, pues, con la enunciación, sino que evidentemente hay interés del nuevo mandatario en llegar a un puerto seguro en la materia. Y mal se haría, claro está, en dejarla al garete de los vaivenes emocionales de la política colombiana.

Por lo pronto, el ventarrón y el mal clima del día de la posesión, así como el discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, tuvieron mayor cabida en los medios de comunicación. No obstante, el Pacto por Colombia es la noticia prevalente en el arranque del Gobierno.

Es posible, en esa dirección, que la pretensión del Centro Democrático, a través del discurso de Macías, hubiera sido la de hacer un corte de cuentas al gobierno saliente del presidente Juan Manuel Santos, en medio del torbellino por la polarización reinante, fruto del resultado democrático en las últimas justas presidenciales.

Pero lo que parecería interesar no es la reiteración de que en efecto hay una división política en el país, sino cómo se tramita esta, de modo que resulte positiva a la nueva dinámica democrática, ciertamente inédita en Colombia.

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Otro esquema

Dentro de la nueva estructura institucional que se está abriendo paso en el escenario político local pudo verse esta semana al jefe de la oposición, Gustavo Petro, debutando en su curul de Senado, por virtud de la reforma de 2015 que permite que el perdedor en la segunda vuelta presidencial tenga derecho automático a un escaño en el hemiciclo senatorial del nuevo cuatrienio. Con ello, es también claro que la propia Constitución, en sus nuevas reformas, permite que de antemano el jefe de la oposición inicie su carrera presidencial hacia el siguiente periodo.

Frente a esas circunstancias no dejó, por igual, de ser relevante -como elemento curioso de la democracia colombiana- la participación de los desmovilizados de las Farc en sus curules. La verdad sea dicha pudo haberse pensado en que a raíz de la cacareada polarización, en especial en torno del proceso de paz, se presentarían incidentes calamitosos por la posesión o las intervenciones de los exguerrilleros en el Congreso. Pero no fue así y el trámite fue más bien tranquilo. Tan así como que los miembros de Farc se retiraron del acto de posesión presidencial por el discurso de Macías, haciendo las veces de un partido tradicional inconforme con determinado pronunciamiento.

De hecho, en las sesiones subsiguientes del Congreso una de las intervenciones más atinadas, en lugar de la escandola de algunos por el discurso de Macías, fue la de Griselda Lobo, excompañera sentimental de ‘Tirofijo’, llamando la atención sobre la precaria situación climática y las dificultades del medio ambiente en los departamentos de la Orinoquía.

Tampoco fueron estas primeras sesiones del Congreso el escenario que algunos pensaron serviría para hacer coro al llamado a indagatoria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por parte de la Corte Suprema de Justicia. El tema apenas se tocó y, en cambio, se evidenció que su voz en el hemiciclo parlamentario es necesaria para darle altura y profundidad a los debates. Un propósito al que contribuyó el propio senador Antanas Mockus, que se excusó ante la plenaria por el acto de haberse bajado los pantalones el pasado 20 de julio, durante la instalación del Parlamento y en señal de protesta porque no se hacía silencio en el recinto…

Hay, pues, un Congreso que, escenario de un pulso político, ideológico y programático incansable, también pareciera dar muestras de que, en Colombia, se puede controvertir pacíficamente, evidenciando el anacronismo de quienes acuden a la violencia para hacerse oír.

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Agenda por concretar

Otro de los puntos altos de la semana política fue el ver al jefe de la oposición, Gustavo Petro, y a otros parlamentarios declarados contradictores del Ejecutivo, afirmar que estaban dispuestos a revisar el Pacto por Colombia propuesto por el presidente Duque, aunque advirtieron que lo que faltaba saber era el temario concreto y sus protagonistas.

Esa postura, que sin embargo no fue contestada inmediatamente por el partido de gobierno, quedó sobre el tapete.

En otros temas puntuales sobre los proyectos radicados por el Gobierno esta semana, está claro que la prohibición de asumir como delitos conexos al delito político el secuestro y el narcotráfico, no tiene reversa. Y, por igual, es claro que el presidente Duque, no por haber radicado una ley anticorrupción adicional, deja de estar de acuerdo con la consulta popular anticorrupción que se votará en quince días.

Lo anterior señala en buena medida que existe un espacio viable para desarrollar el Pacto por Colombia pretendido por el Presidente. Habrá que esperar si convoca una mesa al respecto y si su idea tiene más desarrollo. A los efectos, como se dijo, bastaría con reiterar que el Primer Mandatario ha dicho que no reconoce enemigos y sobre esa base el Ejecutivo puede coordinar las condiciones propias del consenso.

Nuevas reglas

De otro lado, el Presidente ha reiterado que los acuerdos políticos a que se llegue no tendrán de fundamento ninguna base burocrática.

Como se sabe, por virtud del nuevo Estatuto los partidos políticos con representación en el Congreso tienen que declararse, antes del 7 de septiembre, como de gobierno, independientes o de oposición.

Si esto es así, se entiende, igualmente, que la coalición de gobierno, en términos legales, ya no será exclusivamente proveniente de los resultados electorales, sino derivada de los partidos políticos que se sumen al Ejecutivo en sus propósitos gubernamentales y los aportes que pueden hacer a ellos. En ese sentido, quienes se declaran oficialistas defienden y promueven, más que la administración, una obra de gobierno y por eso en adelante no será extraño que, acorde con la normatividad, también se pueda hablar de factores de poder. Es decir que deberán encarar tanto deberes como derechos. Los primeros, en cuanto a ser escuderos de la gestión y, los segundos, la posibilidad de hacer parte de su implementación desde el propio Ejecutivo.

Igual pasará con la otra orilla: es decir la de la oposición, cuyos partidos y bancadas tendrán todo el margen de acción para hacer contrapeso y control político a la Casa de Nariño y las toldas oficialistas, pero no podrán hacer parte del gobierno por ninguna circunstancia.

Obviamente Colombia no está acostumbrada a un esquema de gobierno-oposición tan definido. Un esquema que, además, apenas si se está empezando a aplicar, pues el debutante Estatuto contempla otra serie de garantías en materia de réplicas a las alocuciones y balances presidenciales, mayor financiación partidista, cupos obligatorios en las mesas directivas y de comisiones del Congreso, participación en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores… A medida que cada una de esas herramientas se vaya activando, es claro que ese nuevo esquema político en nuestro país se irá asentando y definiendo un panorama político más diferenciado.

Como se ve, es claro que hay una nueva propuesta de hacer y entender la política. Una propuesta que se basa en la búsqueda de consensos mínimos y la posibilidad de concretarlos en el llamado Pacto por Colombia. Habrá que esperar la evolución de los hechos para determinar si esa idea se concreta, sobre todo en un país polarizado que, sin embargo, pareciera dar muestras de querer zanjar pacíficamente sus diferencias.