Una semana después de haberse posesionado Iván Duque como presidente de la República, el Gobierno solo ha radicado un paquete anticorrupción y la reforma electoral, mientras que apenas empezaron los acercamientos con la Rama Judicial para construir la reforma a la justicia.

No es la primera vez que se habla de una reforma a la justicia consensuada, esto es, que se genere un diálogo entre el gobierno y las altas Cortes.

En el gobierno pasado se hicieron dos intentos para reformar la justicia. El primero de ellos fue una reforma a la que se le fueron colando tantos “micos” que el propio gobierno decidió retirarla. El segundo y más polémico fue la Ley de Equilibrios de Poderes, mayor parte de la cual se hundió en la Corte Constitucional.

En el caso del actual Gobierno, oficialmente está la gestión de la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, quien se reunió esta semana con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en el primer acercamiento para coordinar una reforma a la justicia.

Aunque el diálogo entre el Gobierno y la Ramas Judicial, en particular con los magistrados de las altas Cortes, apenas comienza, se sabe que hay algunos puntos que el Ejecutivo pondrá sobre la mesa para debatir con los togados.

A parte está una propuesta lanzada por el senador Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, de la creación de una supercorte, idea que no fue retomada plenamente por Duque como candidato, aunque en un foro de juristas les planteó con sinceridad que le parecía conveniente abrir el debate de la unificación de las siete cortes que hoy existen.

Pero si el Gobierno tiene propuestas calientes, la Rama también: apertura de varias salas en las cortes, aumento presupuestal, ampliación de la estructura carcelaria, incremento de la planta judicial.

El presidente Duque ha dicho que la reforma que presentará no busca fracturar la justicia ni desinstitucionalizarla.

Viabilidad de la reforma consensuada

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el exmagistrado José Gregorio Hernández aseguró que él ve viable que se logre una reforma consensuada pero atendiendo cada punto de la misma y mirando cómo los partidos la analicen.

“Sí se puede, pero yo lo veo dependiente de cómo se conciba el proyecto respectivo. No creo que todos los partidos vayan a aceptar lo mismo. Pero lo cierto es que debe ser una reforma consensuada, acordada. Si el proyecto consiste en solucionar algunos de los problemas más grandes de la administración de justicia, se puede hacer, sin destruir el sistema que se estableció en 1991”, señaló.

Respecto a la supresión de las Cortes bajo la creación de una megacorte, señaló que no ve viable que los partidos la apoyen y la calificó como una medida “extrema”.

Esto se explica, aclaró Hernández, porque aunque hay países que aplican esta modalidad, su sistema de gobierno es diferente al colombiano. Tal es el caso de Estados Unidos, que corresponde al sistema federal teniendo solo la Corte Suprema de Justicia. Pero gracias a ese sistema federado, esta Corte solo conoce unos pocos casos y cada Estado tiene sus propias jurisdicciones para atender los casos pertinentes.

El exmagistrado Hernández reiteró que no ve viable la aplicación de ese sistema en Colombia, entre otras cosas porque, desde su punto de vista, una supercorte traería traumatismo al ciudadano.

“No se sabría, por ejemplo, dónde llegarían las nuevas demandas, las demandas de casación, las tutelas, solo por mencionar unos ejemplos”, anotó.

Temas calientes

Y es que la relación del ciudadano con la justicia es un punto fundamental para la buena imagen que tengan las personas de su justicia.

Frente a la posibilidad de que se buscara presentar nuevamente la Ley de Equilibrio de Poderes, Hernández aseguró que no tendría sentido volver a presentarla.

“Yo juzgo que es difícil ya, porque la Corte declaró en su momento que con eso se sustituiría la Constitución. La Corte lo tumbaría nuevamente”, aseguró.

Tras los escándalos de corrupción que han sacudido las cortes, Hernández consideró que el problema de la idoneidad de los togados no está en las normas, porque con la aplicación de las normas de la Constitución han llegado “excelentes magistrados y otros no tan excelentes”.

“A mí me parece que el problema no es de normas, sino de requisitos exigibles -y esto aplica para todos los altos cargos, por ejemplo para quienes llegan a la Procuraduría y la Fiscalía- que aludan a la preparación, experiencia, honestidad y no a la recomendación política”, expresó.

Respecto al aumento de la infraestructura carcelaria, otro de los puntos que se prevé estaría en la reforma, el exmagistrado Hernández consideró que sí es necesario, pero esta política debe ir de la mano con una política legislativa adecuada que contenga todos los procesos atinentes a la materia, no solo la imposición de sanciones y hay que revisar qué delitos requieren privación de la libertad sin dejar a la sociedad desamparada.

Frente a todos estos temas el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Carlos Sanabria, señaló en su momento que internamente cada Corte ha hablado sobre la particularidad de cada tema y que están atentos a todas las reuniones con el gobierno para su discusión.