Corte Internacional Anticorrupción

  • Plausible idea del gobierno Duque
  • Cancillería traza nueva ruta diplomática

La idea del gobierno del presidente Duque, expuesta a través de su canciller Carlos Holmes Trujillo, de proponer la creación de una Corte Penal Internacional Anticorrupción es benéfica y atinada para los tiempos contemporáneos.

No basta, en esa dirección, la Corte Penal Internacional, que solo conoce de delitos relacionados con violación del Derecho Internacional Humanitario, en particular los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hoy, aparte de las circunstancias permanentes derivadas de las guerras externas e internas, hay muchas otras conductas ilícitas que deben tratarse multilateralmente y convocar la voluntad de todos los países para enfrentarlas.

Una de esas conductas criminales trasnacionales, aparte de los delitos cibernéticos y las dificultades que existen para defender la privacidad, tanto individual, colectiva como de los mismos gobiernos, es la corrupción. Esta es, por descontado, un fenómeno global que debe, como se dijo, enfrentarse del mismo modo.

No es suficiente con las relaciones bilaterales entre los estados para intentar dar alcance a una ética global. El caso típico en la materia es, a no dudarlo, el de la multinacional brasileña Odebrecht. Como se sabe, esta compañía gigantesca creó una unidad, en su cúpula organizacional, para fomentar una estrategia de corrupción que infectó a  América Latina y otros países. Para el caso colombiano, en específico, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos permitieron denunciar la feria de las corruptelas, pero al mismo tiempo con otros gobiernos y otras entidades nacionales no ha sido posible encontrar los mecanismos para compartir las investigaciones.

De hecho, las sanciones en este caso en particular han sido diferentes, dependiendo de cada país. En unos fue suficiente con que Odebrecht restituyera, a modo de indemnización al Estado, el monto de los millonarios sobornos y el daño al erario, al tiempo que se le permitió seguir con sus operaciones empresariales. En otros, por cierto muy pocos, se abrieron los procesos judiciales y, de paso, se le canceló la posibilidad de seguir ejerciendo sus actividades. Esto demuestra, solo en este aspecto, que la dicotomía en las legislaciones nacionales impide atacar frontalmente la corrupción y erradicarla de plano, sobre todo frente a empresas multinacionales que han incurrido en prácticas deleznables.

No será fácil, por supuesto, que la propuesta colombiana se abra camino a las primeras de cambio. Pero indudablemente hay allí una buena cantera para generar las bases de una nueva diplomacia internacional anticorrupción que dé mejores resultados. No solo se trata de afianzar la Convención para Combatir el Cohecho, como está establecido entre los países de la OCDE, sino de darle más dientes a la Convención de la ONU contra la Corrupción, evolucionando a un tribunal penal de mucha mayor envergadura.

Colombia ha tenido, de algún modo, buen recibo en el concierto internacional por sus ideas. Una de ellas, de reciente creación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en materia ambiental hoy lideran parte de la agenda mundial al respecto.

La corrupción tiene desde luego muchas facetas y en alguna parte es un fenómeno nacional. Pero en muchas otras ocasiones, de igual manera, toca con el ámbito del exterior, no solo en los llamados paraísos fiscales, sino igualmente en la rotación de dineros a través del sistema financiero mundial. El caso de multinacionales como Odebrecht sirve para dejar atrás una legislación porosa y llena de filtros, para pasar a concretar un compromiso universal mucho más perentorio. Como bien dice el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, poco valen unos años de cárcel a los corruptos frente a los millonarios recursos que dejan engrosar en el exterior y después disfrutan luego de sufragar la condena.

Naturalmente, como se dijo, una idea de este tipo tiene múltiples facetas y una labor de orfebrería diplomática sin par. De hecho la creación de la Corte Penal Internacional, a partir del Estatuto de Roma, se tomó cinco décadas después de los juicios de Núremberg. Aún hoy crear normas internacionales vinculantes es de muy difícil trámite, como evidentemente ocurrió con el reciente Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que se quedó en un catálogo de buenas intenciones.

En todo caso, como se comprueba con la propuesta de la Cancillería, no es en muchas ocasiones suficiente con temas internos como la consulta popular anticorrupción o las reformas presentadas esta semana por el gobierno Duque al Congreso, sino que hay que ir allende las fronteras para combatir este flagelo debido a su carácter trasnacional.

Por lo pronto, es una iniciativa que vale la pena respaldar. Sabiendo que no es una idea de fácil ejecución y hasta ahora está en borrador, en todo caso es un positivo que el Gobierno se ponga manos a la obra.