La iniciativa propone convertir en compensaciones los subsidios estatales indirectos

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Entra a segundo debate, esta semana en la plenaria de la Cámara, la iniciativa que establece las disposiciones que pretenden garantizar el trabajo decente en el sector agropecuario, identificando, focalizando y reconociendo a los pequeños campesinos trabajadores, con el propósito de permitir que estos puedan continuar siendo beneficiarios prioritarios de los diferentes subsidios de programas sociales del Estado o acceder a ellos.

Se trata del proyecto de ley número 049 de 2017 Cámara, radicado el 28 de julio de 2017 por los representantes Luciano Grisales, Óscar de Jesús Hurtado, Crisanto Pizo, Flora Perdomo, Ángel María Gaitán, Harry González, Carlos Julio Bonilla y Argenis Velásquez (Partido Liberal), Óscar Ospina (Alianza Verde), Luis Horacio Gallón y Nicolás Albeiro Echeverry (Partido Conservador).

La ponencia está a cargo de los representantes Hurtado, Ospina y Velásquez, así como de Germán Carlosama (Autoridades Indígenas de Colombia, AICO), Ángela Robledo (Colombia Humana) y Mauricio Salazar (Partido Conservador).

Los congresistas proponen hacer uso de los subsidios estatales indirectos, convirtiéndolos en compensaciones que apuntan a mejorar las condiciones de vida y de remuneración de la población campesina y, de modo complementario, a transformarlos en estímulos a la producción agrícola. Con este propósito resulta necesario generar los ajustes normativos que permitan eliminar los obstáculos para que los pequeños campesinos trabajadores (aquellos que reciben menos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes) continúen siendo beneficiarios de los programas del Estado o puedan acceder a ellos.

El proyecto apunta asimismo a disminuir, ralentizar o al menos estabilizar la migración rural-urbana y el consiguiente envejecimiento de la población rural, al igual que a generar una política de estímulo a la productividad agropecuaria de la economía campesina familiar.

El origen de la propuesta se encuentra en el diagnóstico de la situación del campo y los campesinos en muchas de las zonas del país. Según el Departamento Nacional de Planeación, el 84,7% del territorio colombiano está conformado por municipios totalmente rurales, en los que el 44,7% de la población es pobre. En estas zonas la incidencia de la pobreza es 3,2 veces mayor que la de las ciudades.

La información disponible en el proyecto permite señalar que mientras hace diez años en el 64,2% de los hogares había niños menores de 15 años, para el 2014 apenas el 50% de los hogares los tenían. Según esta medición, en el 39,5% de los hogares hay uno o más adultos mayores, mientras que hace diez años el porcentaje era del 30%.

Este proyecto busca, establecer una alternativa en los procesos de formalización laboral, a partir de un régimen especial para trabajadores del sector rural. En últimas se concentra en hacer uso de los subsidios intentando que estos generen vocación productiva, es decir, que reconociendo la naturaleza del trabajo agrícola, estimulen a los trabajadores a emplearse.

En la estructura de costos, esto significará un ahorro total por trabajador del 7,5% por empleado que reciba un salario mínimo y de 7,9% para aquel que reciba dos salarios mínimos. Este proyecto de ley encuentra sus antecedentes normativos en el conjunto de instrumentos y disposiciones internacionales, de disposiciones constitucionales y legales, de iniciativas legislativas, y herramientas de política pública que existen en el entrecruce de tres campos importantes: los temas laborales, los agrarios y aquellos que hacen referencia a los sistemas de seguridad social.