Como era previsible, a medida que las autoridades han aumentado la persecución de las actividades de minería ilegal e incluso de la informal que se niega a legalizarse, crecen las protestas en algunas poblaciones en donde se llevan a cabo estas operaciones extractivas de oro, carbón y otros recursos naturales no renovables.

Se trata de protestas que aunque no tienen mayor foco mediático nacional sí se han ido multiplicando, poniendo contra la pared a los alcaldes y autoridades locales de muchos municipios que, sería ingenuo negarlo, han vivido por décadas de la minería y esta es su principal actividad económica y fuente de empleo. Por la misma razón a los mandatarios les queda muy complicado lanzarse a prohibir la actividad o autorizar el uso legítimo de la fuerza para acabarla de tajo.

Por estos días la protesta de los mineros en Segovia y Remedios, dos de las poblaciones de mayor tradición extractiva de oro en Antioquia, ha logrado cierto eco nacional, no tanto por el avance de las negociaciones entre los voceros de los mineros y las autoridades gubernamentales, sino por los hechos de alteración del orden público registrados.

El Gobierno nacional, a través de los ministerios y entidades del caso, debe tener mucho cuidado sobre la fórmula de negociación que se pueda aplicar en el caso de la protesta de los mineros en Segovia, puesto que lo que allí se termine pactando será visto como hoja de ruta a seguir en varios pueblos antioqueños y de otros  departamentos, sobre todo porque allí se mezclan distintos aspectos como la minería legal a gran escala, la minería informal, la minería ilegal, la tradición económica del municipio, la principal fuente de empleo por décadas y los requerimientos de tipo ambiental en operaciones extractivas auríferas.

Como se ve, por más que se trate de una situación puntual en Segovia y Remedios hay mucho en juego. El aspecto más mínimo de la negociación tiene que ser cuidadosamente estudiado. Cualquier error por una cesión o flexibilidad más allá de lo autorizado legalmente, le podría salir caro al Estado desde el punto de vista jurídico, social, político, económico e institucional.

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