• Conclusiones aterradoras
• Uno de los retos de la JEP

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Que 16 mujeres hayan sido víctimas de violencia sexual cada hora entre los años 2010 y 2015 es, sin duda, una lastre vergonzante para Colombia. Pero, lamentablemente, la dimensión de este delito no para ahí. Por ejemplo, las mujeres negras, con edades que oscilan entre los 15 y los 24 años y que pertenecen al estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que las mujeres de otro origen étnico, de otros rangos de edad y de otros estratos socioeconómicos. Y hay más: el 78% de las víctimas de violencia sexual no denunciaron los hechos. Esto quiere decir que aproximadamente 620.418 casos no fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

Todas esas cifras, a cual más aterradoras, pertenecen a la Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual contra las Mujeres, cuyos resultados fueron revelados la semana pasada en el Congreso. Un estudio que ahondó sobre la violencia de género y que reconoció ocho clases distintas de agresiones de tipo sexual, como la violación, prostitución, aborto, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y la regulación de la vida social y afectiva.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que hay muchos horrores de la guerra que, en aplicación de la justicia transicional, tienen que salir a flote en virtud de los mandatos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. En el proceso de desactivación de los grupos paramilitares las confesiones de los victimarios fueron muy limitadas e incluso sólo se dieron cuando corrían el riesgo de perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Ahora el turno es para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y debe irse más allá del marco jurídico antecedente aplicado a las autodefensas que, como se dijo, resultó insuficiente para develar el universo de delitos sexuales cometidos en la confrontación. Está bien activar comisiones de la “verdad histórica”, pero estas no pueden ser óbice para que los responsables de la violencia de género no asuman públicamente sus culpabilidades y reparen a las víctimas.

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