Como era de esperarse, el Senador acusado de corrupción para salvar su responsabilidad en el  proceso de participación  en la parapolítica, prendió el ventilador, para procurar defenderse,  aduciendo que fue víctima de una extorsión, por parte de su propio abogado, quién le pidió seis mil millones de pesos para poder embolatar una orden de captura, dinero  que al parecer,  iría a pagar a  los Magistrados enredados.  “Treta fallida” la del Senador; cuando   el abogado le pide al cliente dinero, no para sus honorarios, sino para pagarle al juez, lo que tiene en frente es a un pillo y lo que hay  que hacer,  si la persona no es culpable, es denunciar el hecho ante las autoridades y no dar el dinero.   Este Senador se limitó a buscar rebaja, bajó el pedido a dos mil millones;  ello indica la medida de su responsabilidad en los hechos que se investigaban  en su contra. Difícil la tiene.

El eslabón que falta por aclarar es a dónde fueron a parar los dos mil millones de pesos obtenidos del Senador;  si en verdad fueron a los Magistrados o si se quedaron en los bolsillos del  abogado sinvergüenza y de su socio.  Para llegar a esta verdad que enrute la investigación, lo primero que hay que hacer es impedir la extradición de los abogados enredados por el momento que solicitan los Estados Unidos, alegando que  lavado de activos cometido en su país;    hasta tanto no declaren en Colombia en los respectivos procesos que se están abriendo, la Corte Suprema de Justicia  debería dar su concepto favorable a la extradición bajo condición, como lo ha hecho en otras oportunidades e incluso el Presidente, dejarla en suspenso hasta que estos  reos declaren,  sino se van a quedar los procesos en Colombia sin materia prima.

Otro interrogante que hay que resolver por el bien de la patria, es cómo llegó dicho personaje “non sancto” a la Fiscalía Anticorrupción; semejante delincuente no podía haber llegado a tal alto cargo,  pasando  los más elementales  filtros.  Quedamos los colombianos en la peor de las situaciones. ¿Qué tal que los gringos no se hubieran dado cuenta?   Estaríamos sometidos en semejante leviatán en que se convirtió el ente investigador, a personajes tan siniestros, escogidos para pagar favores, y no por su honestidad a toda prueba.

Claro que se requieren trascendentales reformas al Estado colombiano para acabar con la corrupción rampante que nos invadió; con todo respeto, reformar los reglamentos internos de las Cortes, puede también ser necesario; pero con prohibir el ingreso de abogados a los despachos de los Magistrados, como se viene proponiendo, nada vamos a solucionar;  en primer lugar porque ya está prohibido y en segundo lugar porque eso es como vender el sofá.   Hay que reformar el poder judicial, para desprenderlo totalmente de la política y de los apetitos burocráticos. 

Por el momento, lo mejor que puede hacerse para calmar el escozor social es que  el Congreso de la República  cumpla con su función de examinar, pronta y justamente,  si hay lugar a  declarar la indignidad en el antejuicio;  y en caso  de que se haga, que la Corte Suprema de Justicia también responda ejemplarmente con  el juzgamiento.