Santos, a declarar como testigo del caso "Ñoño" | El Nuevo Siglo
Foto Xinhua
Viernes, 11 de Agosto de 2017
Redacción Web
Escuchará las razones del Ejecutivo en 2014 de porqué autorizó firma de un otrosí al contrato con Odebrecht de la Ruta del Sol II para la construcción de la variante Ocaña-Gamarra, en el marco de la investigación al senador Bernardo Elías
 
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En calidad de testigos la Corte Suprema de Justicia citó a declarar al presidente Santos así como a  varios ministros y ex ministros, atendiendo de esta manera la petición de la defensa del senador Bernardo Miguel Elías, quien fue capturado el pasado jueves producto de la investigación porque se habría beneficiado con dineros que entregó la multinacional Odebrecht por sobornos para hacerse a varios contratos.

El senador Elías (Partido de La U) es investigado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y concierto para delinquir.

Con esta citación al Jefe de Estado y varios de sus funcionarios y ex funcionarios  la Corte Suprema busca establecer de viva voz de quienes firmaron el  documento Conpes 3817 de 2014, las razones que llevaron a autorizar la adición a favor de Odebrecht del contrato Ruta del Sol II para la construcción de la variante Gamarra-Ocaña.

 

Así lo ha informado EL NUEVO SIGLO: Odebrecht: capturado el senador Bernardo Elías.

Con este propósito fueron citados para declarar el presidente Juan Manuel Santos así como sus ministros Mauricio Cárdenas (Hacienda), María Ángela Holguín (Relaciones Exteriores), Aurelio Iragorri (Agricultura), Mariana Garcés (Cultura), Alejandro Gaviria (Salud).

También fueron citados para declarar en la Corte el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras; el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el exministro de Minas y Energía, Tomás González; la exministra de Educación, Gina Parody; el exministro de Vivienda, Juan Felipe Henao; la exministra de Transporte, Natalia Abello; el exministro de Justicia, Yesid Reyes; el exministro de Trabajo, Luis Eduardo  Garzón; la exministra de Comercio, Cecilia Álvarez; el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo; y el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria Muñoz.

La citación a declarar en calidad de testigos al Jefe de Estado así como a varios de sus ministros y ex ministros fue ordenada por la Corte Suprema atendiendo la solicitud de la abogada del senador Bernardo Miguel Elías, Silvia Rugeles, en aras de proteger su derecho a la defensa y el debido proceso.

No obstante, Rugeles se mostró extrañada de que el alto Tribunal no citara a declarar al fiscal General, Néstor Martínez, a pesar de que éste firmó el documento Conpes cuando se desempeñó como ministro de la Presidencia.

"Estas declaraciones son importantes que se surtan porque en la hipótesis de investigación que se viene adelantando en el sentido de que pudo haber existido un presunto tráfico de influencias por las personas que tomaron la decisión", dijo la abogada. 

Gobierno atenderá

Se espera que el presidente Santos haga una declaración juramentada sobre las razones que llevaron al Gobierno nacional a autorizar la adición a favor de Odebrecht del contrato Ruta del Sol II para la construcción de la variante Gamarra-Ocaña.

Con su declaración juramentada el Jefe de Estado no tendrá que acudir a la Corte, a diferencia de los ministros y ex ministros que deberán hacer presencia en las instalaciones de alto Tribunal. 

Ayer, tras conocerse en los medios sobre la citación de la Corte Suprema de Justicia el ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que el presidente Santos así como sus ministros y ex ministros atenderán la citación.

 “Este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por ser respetuoso de la administración de justicia, y como en todos los casos el Gobierno está presto a dar respuesta a lo que la justicia requiera, este es un estado de derecho. El Gobierno atenderá los requerimientos de la justicia”, afirmó Rivera.

Indagatoria de Elías

El capturado senador Bernardo Miguel Elías rindió ayer indagatoria en la Corte Suprema de Justicia acerca de los presuntos dineros que recibió de la multinacional brasileña para presionar ante el Gobierno y la ANI, la aprobación de la adición a favor de Odebrecht del contrato Ruta del Sol II para la construcción de la variante Gamarra-Ocaña.

No obstante tras más de tres horas la Sala de Casación Penal de la Corte decidió suspender y continuar el próximo lunes, debido a que justo cuando se realizaba la diligencia llegó más material de la Fiscalía en este caso.

La abogada Rugeles explicó que se tuvo que suspender el interrogatorio  debido a que se tomó la decisión de "analizar los hechos relacionados por parte de la Fiscalía General en el día de ayer (jueves) y entregados a la defensa esta mañana (ayer)".

La profesional del derecho reiteró lo señalado por Elías que no ha recibido dineros de Odebrecht. Añadió que el Parlamentario está en disposición de aclarar su situación con la justicia y que por ello, el viernes de la anterior semana solicitó al alto Tribunal que lo citara a versión libre.

Rugeles aseguró que el Senador del Partido de La U no aceptará los hechos por los que es investigado. "En la línea de defensa que se ha trazado, no existe la posibilidad de aceptación de ningún cargo de los que fueron reseñados en la orden de captura", explicó.

Rugeles aclaró sobre la investigación que se adelanta a su defendido que "son dos procedimientos diferentes: la forma en la que adelanta la Fiscalía la investigación por el caso Odebrecht es un procedimiento regido por la Ley 906; y en la Corte Suprema de Justicia  es un procedimiento escrito regido por la Ley 600. No habrá imputación de cargos como tal sino que se le señalará una imputación fáctica y jurídica de unos hechos que están reseñados en el expediente".

Añadió que "la Corte Suprema de Justicia, cuando ordena la captura del senador es con fines de indagatoria, es decir, que esa decisión igual hubiese sido potestativo de la Corte ordenar su citación. La captura no quiere significar que existan en su contra elementos valiosos en el campo probatorio de autoría y participación".

Sobre los alcances de la corrupción relacionada con Odebrecht, EL NUEVO SIGLO también publicó: Odebrecht tentáculos al más alto nivel.

 

 

Silla vacía

Acerca de la eventual silla vacía que aplicaría a la curul del  senador Elías, el ministro Guillermo  Rivera explicó que “fue instaurada en 2009 por una reforma constitucional que la previó para el delito de concierto para delinquir con organizaciones al margen de la ley, para narcotráfico y delitos que tengan que ver con lo electoral. Sin embargo, en 2015, una reforma constitucional extendió la figura de la silla vacía para delitos contra la administración pública, pero previó que esa figura para esos delitos operaría para delitos que se cometieran con posterioridad a la entrada en vigencia. Y ella entró en vigencia en 2015”.

Añadió que “habría que establecer si los delitos que habría cometido el ‘Ñoño’ Elías se cometieron con anterioridad o posterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2015. Si fue con anterioridad no habría lugar a la silla vacía, si se cometieron con posterioridad sí habría lugar”.

 En caso de que se determine que no hay lugar a la silla vacía, la curul de Elías será ocupada en el Senado por Carlos Ferro, quien le siguió en votos en la lista de La U en los comicios de 2014.

 

 

Muerte política

El director de Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura de los congresistas Bernardo Miguel Elías y el exsenador Plinio Olano, quienes son investigados por la Corte, junto con el senador  Musa Besaile Fayad, Antonio Guerra y el representante a la Cámara, Ciro Rodríguez, por supuestamente favorecerse con dineros de Odebrecht.

 “Traicionaron los intereses del país, jugaron con la megacontratación, desfiguraron el proceso licitatorio, desorientaron la opinión pública, manipularon y pusieron al servicio, no solamente al Congreso sino la administración pública”, consideró Bustos.

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