Muy graves, sin lugar a dudas, las denuncias que hiciera la exfiscal general venezolana, Luisa Ortega, el miércoles pasado en Brasil, en torno a que tiene pruebas de millonarios sobornos que habría pagado la cuestionada multinacional brasileña a la cúpula del gobierno chavista para quedarse con contratos oficiales de la más diversa índole.

Si bien es cierto que tan pronto se conocieron sus señalamientos contra el presidente Nicolás Maduro y el dirigente Diosdado Cabello, hoy una de las cabezas visibles de la espuria Asamblea Constituyente venezolana, el oficialismo chavista salió a desmentir las acusaciones, hechos como  la desaparición inmediata de los registros de las empresas mencionadas por Ortega por ser utilizadas para mover las millonarias coimas, no hacen más que evidenciar la ocurrencia de estas transacciones ilícitas.

Es claro, sin embargo, que no se puede confiar en que la justicia venezolana, altamente politizada y un instrumento más del régimen, vaya a esclarecer el escándalo de los sobornos y sus implicados. Pero a nivel internacional ya existen tratados de alcance global que sancionan estos casos de corrupción, restringiendo la posibilidad a terceras naciones de realizar transacciones comerciales con esos países  de cero trasparencia.

Incluso desde el mismo seno de la ONU se podría pensar en aplicar mandatos a los paraísos fiscales en donde la cúpula chavista tiene depositadas millonarias sumas  producto de la corrupción rampante en el Estado venezolano.  

Es más, hay interpretaciones que llegan a considerar que estas maniobras financieras corruptas rayan en delitos de lesa humanidad por cuanto esos recursos robados al erario deberían estar siendo invertidos en asistencia alimentaria, médica y social a millones y millones de venezolanos que hoy padecen hambruna o no tienen acceso a los más básicos medicamentos, crisis que tiene un alto y creciente saldo fatal.

No sería la primera vez que el mundo determina un bloqueo financiero a la cúpula de un régimen dictatorial y violador de los derechos humanos. Bloqueo que, en un espectro más amplio, podría incluso extenderse a las naciones que insisten en mantener negocios con esos gobiernos criminales.