- A propósito de las consultas populares
- No perseguir industria legal y vigilada
Más que pertinente el informe proyectado esta semana por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), que comparó los indicadores de desarrollo de municipios que son productores de crudo y aquellos que no tienen yacimientos en sus jurisdicciones.
La investigación se extendió a poblaciones de Meta, Casanare, Santander, Arauca y Boyacá, que representan el 85 por ciento de la producción de hidrocarburos en el país.
Según la Asociación, en la mayoría de los aspectos analizados los municipios que tienen actividad extractiva de crudo presentan mejores resultados. Por ejemplo, en materia de ingresos, se concluyó que estas poblaciones aportan al PIB de sus departamentos 11 veces más que los no petroleros y reciben cinco veces más ingresos en impuestos, regalías y aportes del Sistema General de Participaciones. Adicionalmente, se evidenció un efecto multiplicador de la industria en los ingresos municipales, asociado a la cadena de bienes y servicios del sector: mientras que entre 2005 y 2015 la producción aumentó 48 por ciento, el ingreso en los municipios productores creció 70 por ciento.
Visto lo anterior, es necesario resaltar que en todo debate es necesario analizar los distintos flancos. Es claro que en el país hay una creciente ola de consultas populares municipales que buscan poner a la ciudadanía a decidir con su voto si se restringen o incluso prohíben las actividades extractivas mineras o de hidrocarburos. Los promotores de estos ejercicios de participación ciudadana sostienen que es necesario escoger entre el cuidado del medio ambiente y el petróleo, el oro o el carbón.
Hemos reiterado en estas páginas que plantear el debate en esos términos no resulta aconsejable, más aún cuando está claro que el enemigo del entorno natural no es la minería ni la industria petrolera legales, pues estas cuentan con títulos adjudicados por el Estado, están sometidas al trámite de licencias ambientales y pueden ser objeto en cualquier momento de un requerimiento de las autoridades nacionales, regionales y locales sobre su gestión en materia de procesos productivos que no afecten las fuentes de agua, fauna, flora y las poblaciones circundantes.
No se puede decir lo mismo de la minería ilegal, que es manejada preponderantemente por grupos guerrilleros y bandas criminales selva o montañas adentro, contaminando ríos, arrasando bosques e impactando reservas naturales de alta importancia. Las imágenes que las autoridades han publicado de los operativos contra estas actividades extractivas criminalizadas son dantescas: cuerpos de agua con presencia de mercurio en dosis fatales para los seres vivos y la vegetación; extensas zonas de bosques tropicales talados; trochas abiertas en medio de áreas selváticas afectando grave e irreversiblemente ecosistemas de alta importancia local y regional…
Aunque en menor escala, ocurre lo mismo con la minería artesanal, en donde si bien no hay presencia de móviles delincuenciales, es evidente que las extracciones se realizan sin protocolos de control del impacto ambiental, en condiciones laborales y de seguridad deplorables y, en no pocas ocasiones, sometida la población a explotación y precios de compra ínfimos por parte de intermediarios que se aprovechan de las humildes personas que arriesgan sus vidas en los socavones, las peligrosas pendientes de terreno movedizo o las orillas contaminadas de muchos ríos en el país.
Es claro que no se puede disminuir el efecto jurídico de las consultas populares, dado que se trata del pronunciamiento del constituyente primario, más aún ahora que la Corte Constitucional le ha dado a los municipios mayor poder de decisión sobre lo que se extrae del subsuelo. Sin embargo, como lo hemos reiterado en varias ocasiones en estas páginas, el voto de la ciudadanía debe ser informado, ya que sólo así se evita que las personas sean blanco de manipulaciones y discursos populistas de lado y lado. Debe instruirse a los habitantes sobre los beneficios de las actividades mineras y petroleras legales, los controles a que están sometidas, las implicaciones de prohibirlas así como el efecto real y comprobable en el entorno natural, sea cual sea.
Solo en esa medida la ciudadanía sabrá exactamente qué es lo que se está jugando cuando vota en las consultas populares municipales. Hay que entender que en materia de impuestos, fuentes de empleo y regalías un poblado que prohíbe o restringe la industria minera y petrolera legal tendrá un impacto. Como se dijo, el voto de cada ciudadano debe ser un voto informado y a conciencia, sopesando ventajas y desventajas de lo que está decidiendo.