Es tal el maremagno de hechos de impacto en el país que muchas veces pareciera que la opinión pública hubiera perdido la capacidad de asombro. Una prueba de ello es lo que pasó el pasado lunes, cuando la Fiscalía anunció que había logrado en una operación de extinción de dominio la incautación de bienes por más de 400 mil millones de pesos, pese a que inicialmente había calculado que estarían alrededor de los 100 mil millones.

Si bien es cierto que cada vez que se informa sobre el valor de los bienes que son decomisados a presuntos narcotraficantes y otros delincuentes o estructuras criminales de amplio espectro, estos se tasan en decenas de miles de millones de pesos, es la primera vez que en un solo operativo se alcanza un monto tan alto como 400 mil millones a una sola persona, en este caso al condenado integrante de la banda criminal “Clan del Golfo”, Ramiro Caro Pineda, conocido como ‘Nolasco’.

Lo cierto es que 400 mil millones de pesos son la tercera parte de lo que la Fiscalía le ha logrado incautar a las Farc en procesos de extinción de dominio. Incluso, es un monto superior al presupuesto de algunos ministerios.

Ahora que arranca la llamada era del “posconflicto” y que el monto de los dineros entregados por las Farc para reparar a las víctimas es ínfimo, es claro que los bienes incautados o ya con sentencia de extinción de dominio, cuyo valor todavía no se puede precisar, deben ser la fuente de recursos para financiar la recuperación económica, social e institucional de las poblaciones azotadas por la guerra durante muchas décadas.

Precisamente hace pocas semanas entró en vigencia una ley que permite acelerar la monetización de todos estos bienes decomisados, de forma tal que el Estado pueda venderlos rápidamente y no pasar largos años administrando propiedades, función que no sólo no le corresponde sino que ha dado lugar a graves focos de corrupción.