La Fiscalía abrió investigación por corrupción a los ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, poniendo en evidencia una situación que ha convertido a la administración de justicia en un aparato criminal que, salvo honrosas excepciones, actúa por intereses económicos y políticos. Jueces corruptos siempre ha habido y habrá, pero que los magistrados del más alto tribunal de la justicia en Colombia estuvieran al servicio del crimen, para absolver delincuentes y perseguir inocentes, es el fracaso del Estado de Derecho.
Que los presidentes de la Corte Suprema de Justicia vendieran fallos y sentencias, acaba con la legitimidad de todas las decisiones del alto tribunal. Seguramente no son los primeros ni los únicos jueces corruptos, pero ojalá sean los primeros en ir presos por hacer de la justicia organización criminal. Utilizaron la justicia para perseguir a la oposición, para darle apariencia de legalidad a las decisiones políticas y arbitrarias del Gobierno Santos y para enriquecerse con las coimas que recibían.
Ojalá nos enteremos quienes son sus socios, al parecer, el ex fiscal Moreno era uno de ellos, recibía los sobornos y se los repartía con Bustos, Ricaurte y quién sabe con cuántos magistrados más. Pero el fiscal Martínez y la Comisión de Acusaciones deben determinar si Eduardo Montealegre, y su vicefiscal Perdomo, también hacen parte de la red de corrupción que se tomó a la justicia.
En el año 2015 denuncié el “roscograma” que había montado el entonces Fiscal General, Eduardo Montealegre, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte eligieron a Montealegre de la terna presentada por el Presidente Santos, y a cambio, Montealegre les entregó puestos y contratos. El ex fiscal general intentó cooptar a la Corte Suprema de Justicia, comprando magistrados con clientelismo y corrupción.
Uno de los magistrados implicados en ese “Roscograma” era Leonidas Bustos, cómplice y amigo de Montealegre. Presenté las pruebas ante la Comisión de Acusación, los nombres de los magistrados y sus familiares. Montealegre buscó comprar la Sala Penal de la Corte Suprema, nombrando familiares de cinco magistrados de la Sala Penal en la Fiscalía General de la Nación.
Ese antecedente debe servir como punto de partida para investigar más a fondo la relación entre Bustos y Montealegre, lo que quede de la justicia, debe investigar si se utilizó a la Fiscalía para manipular procesos ante la Corte Suprema.
La corrupción es un cáncer que está matando a nuestra democracia, destruye al Estado de Derecho, acaba con la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando permea a la justicia, convierte al Estado en un enemigo del ciudadano, cuando no se puede acudir a la justicia se imponen las vías de hecho que se derivan en violencia, imponiéndose un estado de barbarie.
No es la primera vez que un juez roba, pero ojalá sea la primera vez que la justicia lo castiga.