• Polémica sobre bienes de Farc
• Alertas del Fiscal General de la Nación

Cada día se confirma con mayor claridad que el proceso del gobierno Santos con las Farc quedó en obra gris y que a diario saltan a la luz pública una mayor cantidad de cabos sueltos. Uno de ellos, por supuesto, el listado de los bienes de la guerrilla, supuestamente para resarcir a las víctimas en un patrimonio autónomo, que ha sido drásticamente espulgado y tildado de irrisorio por parte del Fiscal General de la Nación, así como de voceros oficiales cercanos al denominado posconflicto.

Es este, por tanto, sólo un aspecto más de lo que se discute en otros renglones del protocolo firmado en el llamado Acuerdo del Colón. Basta con ver, igualmente, las audiencias que vienen ocurriendo en la Corte Constitucional, sobre el acto legislativo correspondiente a la participación de las Farc en política, para constatar que buena parte de los intervinientes se opusieron a que la guerrilla pudiera acceder a ningún tipo de curules hasta no cumplir con las sanciones propias de la justicia transicional.

Es, desde luego, muy factible que la Corte Constitucional no deje intacto el articulado y meta baza para defender la Constitución y amparar los artículos respectivos. De otra parte, así mismo, está pendiente la reglamentación de la justicia transicional  que promete no ser el camino de rosas que le esperaba hace un año y que, por el contrario, merecerá los ajustes del caso en las bancadas congresionales.

En la misma dirección, la reforma política atada al denominado Acuerdo del Colón no tiene visos de prosperar en las condiciones previamente señaladas. Por el contrario, cada día que pasa es obviamente peluqueada. Y si bien hay elementos a considerar, existen otros que no tienen nada que ver con una verdadera reforma de fondo. De hecho, no se suelen adelantar, en ninguna parte del mundo, reformas electorales cuando se está en plena campaña.

A este listado de vicisitudes, fruto de haber dejado el proceso con las Farc en obra gris al momento de su firma, pendiente de una cantidad de leyes y reglamentaciones sobre la base de que ellas no podían modificarse, circunstancia enmendada por la propia Corte Constitucional, se une como se dijo el irrisorio listado de bienes dado por la guerrilla.

La extensa carta del Fiscal General de la Nación al Gobierno nacional,  denunciando la imposibilidad de iniciar acciones efectivas en torno a los bienes, es la demostración de que ahí hay otro acápite sin resolver.

Ahora se expide un decreto con la idea de crear una comisión de verificación sobre los dichos bienes, es decir, el mismo expediente nugatorio de siempre. Y los abogados de las Farc salen a decir que todo está de maravilla y que las opiniones del Fiscal General de la Nación, que merece todo el respeto, son falacias  y que solo pretende ponerle obstáculos al proceso. Esos abogados del extranjero no tienen, por supuesto, ni voz ni mayor autoridad dentro de la jurisdicción colombiana, pero desde luego han sido los artífices de todo cuanto han hecho las Farc con miras a su desactivación. Sorprende, sin embargo, las descalificaciones permanentes de todos de los que no piensan como ellos y valdría, algún día, de parte del Gobierno, al menos una opinión en dirección a amparar las decisiones y declaraciones de las autoridades colombianas competentes.

Se sabe, ciertamente, que en aquel Acuerdo del Colón el resarcimiento a las víctimas corre por cuenta del Estado, luego igualmente de que las Farc hayan entregado todos los bienes. Esa entrega de los mismos no puede hacerse, lógicamente de forma genérica y gaseosa. Todo el mundo sabe que para constituir un patrimonio autónomo, con miras al resarcimiento de las víctimas, es necesario seguir el rigor de la ley y de los procedimientos para poder incluir debidamente cada uno de los elementos.  No es dable tampoco, a efectos de los mismos, hablar, por ejemplo, de carreteras que no son susceptibles de extinción de dominio. Mucho menos es razonable enlistar operaciones seudo quirúrgicas como si ello tuviera que ver con los bienes.

No corresponde a la Fiscalía la decantación de esos muebles e inmuebles. Aquello es competencia única y exclusiva del  Gobierno, que al anunciar comisiones de verificación en todo caso no parecería estar de acuerdo con la forma y el contenido del listado presentado por las Farc. Si esto es así, evidentemente faltará un importante trecho para depurar y completar el tema de una manera razonable y categórica. Esto parecería, pues, apenas el primer capítulo de lo que tendrá que desenvolverse en varias etapas.

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