- Discusión a escasos siete meses de las urnas
- Colectividades y crisis de identidad programática
A medida que la campaña electoral para Congreso y Presidencia de la República va tomando ritmo, viene impulsándose, también, una propuesta para abrir la puerta, de nuevo, al trasfuguismo partidista. Por esta vía se permitiría a muchos congresistas y dirigentes poder renunciar a la colectividad a la que han venido representando o en la que han militado activamente en el último año y trastearse, casi de manera automática, a otra. La idea que empezó a moverse a comienzos de 2017 ha venido tomando cada vez más cuerpo e incluso ya se habla de proyectos de acto legislativo al respecto, o más aún de la posibilidad de convencer al Gobierno para que autorice la inclusión de un artículo en ese sentido en el proyecto de reforma política y electoral que radicó en mayo pasado y que está para discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Esta segunda alternativa, pese a la negativa del Ejecutivo a viabilizar una nueva amnistía al trasfuguismo, es sin embargo la que más anhelan los promotores de la propuesta ya que si se tramita bajo la modalidad del ‘fast track’ se podría hacer realidad antes de que termine este año.
Sin embargo, como ya se dijo, la Casa de Nariño no está de acuerdo con autorizar el trasteo partidista a escasos siete meses de la cita en las urnas para renovar el Congreso, a lo que se suma que resulta muy difícil sustentar la conexidad objetiva y evidente entre el acuerdo de paz negociado en La Habana y la posibilidad de autorizar a la dirigencia política a cambiar intempestivamente de colectividad, saltándose el régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente. Es claro, también, que si se tramita por la vía ordinaria ya no podría aplicarse esta reforma para las próximas elecciones parlamentarias, toda vez que este año solo podrían avanzarse cuatro de los ocho debates respectivos, dejando los restantes para después de marzo, una vez haya pasado la cita en las urnas.
Como lo dijimos en anterior editorial, la polémica alrededor de si debe o no autorizarse un trasteo partidista de última hora pone en evidencia, al igual que la gran cantidad de precandidatos y candidatos por firmas que están sobre el escenario, la crisis de identidad y coherencia programática de la mayoría de los partidos y movimientos políticos. No de otra manera puede entenderse que quien hoy es congresista o dirigente, e incluso vocero de una colectividad, considere como un hecho mecánico y apenas formal poder renunciar a ella, trasladarse a otra sin mayor trámite y candidatizarse por esa nueva casa. Todo ello sin mediar siquiera un discurso justificante en materia ideológica y de acción legislativa o gubernativa.
Quienes defienden la propuesta de trasfuguismo sostienen que así como se está permitiendo un amplio margen jurídico, político, institucional, económico y hasta social para que las Farc, ya desarmadas, transmuten rápidamente en un partido que podrá presentar candidatos para Congreso y Presidencia, e incluso ya tienen diez curules aseguradas, igual debería hacerse con el resto de los partidos políticos tradicionales, que también deben tener flexibilidad para poder reconfigurarse a ese escenario de apertura e inclusión democrática que dice derivarse del pacto habanero. No hay que olvidar que una discusión similar se dio en el marco del trámite del proyecto -ya aprobado- que dio vía libre a la creación de 16 curules en la Cámara de Representantes bajo la llamada “circunscripción especial de paz”. No pocos partidos insistieron en que debería permitírseles competir por esos escaños, bajo la tesis de que en sus filas y programas estaban representados tanto las víctimas del conflicto armado como los líderes sociales a los que se les otorga exclusividad en la puja por esos nuevos escaños.
Más allá de esa controversia parece obvio que abrir a menos de siete meses de los comicios parlamentarios una ventana al transfuguismo partidista, resulta tanto o más traumático que la reforma política y electoral que se está tramitando por vía rápida legislativa, teniendo como principal consecuencia que los centenares de candidatos a Senado y la Cámara estén ya en plena campaña y búsqueda de votos, pese a que las reglas de la actividad proselitista podrían cambiar drásticamente en menos de tres meses. Sin duda un escenario sui generis que pone de presente, una vez más, la forma en que la reformitis colombiana impide establecer marcos de seguridad jurídica, lo que se traduce en un evidente atentado contra la institucionalidad democrática.
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