- Gastos, gastos y más gastos
- No se atacan factores de corrupción
Una reforma política debería, ante todo, fortalecer la democracia a partir de entender, en primer lugar, que las circunstancias fiscales y económicas del país no permiten incurrir en nuevos gastos e incrementos insólitos en el costo del sistema. Precisamente, el proyecto que se ha presentado al Congreso de la República propone lo contrario. Mientras la inversión pública se ve recortada de forma dramática en todos los sectores nacionales, particularmente en medio ambiente, agricultura y otras dependencias claves, la reforma política aumenta todos los costos.
Ese solo hecho debería, de antemano, suscitar un rechazo categórico. No es dable, ciertamente, que los fundamentos democráticos se sostengan con un inusitado sacrificio de las funciones estatales, en las que prioritariamente, luego de financiar la seguridad y la justicia, deben cerrar las brechas establecidas en el Índice de Gini. Con el Presupuesto General presentado en estos días al Parlamento habrá, en cambio, menos posibilidades para hospitales, escuelas, parques, centros culturales y deportivos y en general todo aquello que es primordial en las encuestas, es decir, la salud y la educación.
En cambio, la reforma política propone, de manera general, subir los gastos de la democracia, no sólo incrementando la financiación pública de los partidos políticos, precisamente en el sótano de confianza ciudadana, sino igualmente crear nuevos organismos electorales, como si no fuera suficiente con la multiplicidad de Cortes existente, además de la nueva Jurisdicción de Justicia Transicional, con unos gastos altísimos y por completo desbalanceados dentro del Presupuesto nacional.
No tiene el país necesidad alguna de crear un nuevo Consejo Electoral, cuando es, por lo demás suficiente con la sección correspondiente del Consejo de Estado y sólo basta con aquilatar sus procedimientos y funciones para que pueda actuar en tiempo real. Suficiente, desde luego, con el actual Consejo Nacional Electoral, al que se requiere ponerle dientes, sin necesidad de incrementar las nóminas y mucho menos crear una dependencia alterna con sueldo de magistrado y todos los componentes que significan las arandelas respectivas. En ese caso, es válida la creación de la impugnación de la inscripción de candidatos cuestionados a las corporaciones públicas, por parte del CNE, y la segunda instancia, prevalida del nuevo recurso de Amparo Electoral, puede ser tramitada fácilmente por la sala ya dicha del Consejo de Estado.
Tampoco tiene validez eliminar el voto preferente a cambio de que los partidos o movimientos políticos incurran en costosísimas consultas internas o populares, a costa del erario público, cuando esa figura permite que el mismo día de las elecciones generales se puedan señalar las directivas y las preferencias dentro de las colectividades, a partir de la voluntad popular. Crear listas cerradas, por el prurito de hacerlo, es volver a las épocas medievales de la política. Aun así, el sistema vigente permite optar bien por el voto preferente o bien por las listas cerradas, dependiendo de la estrategia partidista. No es pues óbice que el intervencionismo de Estado, como el que se plantea en la reforma, se meta dentro de la democracia para moldearla según los propósitos de los regímenes de turno.
De otra parte, la Constituyente de 1991 se estableció, en buena medida, para que el Congreso de la República hiciera control político al Ejecutivo, sin las intermediaciones corruptas de los auxilios parlamentarios o “cupos indicativos” y mucho menos para que los congresistas en ejercicio hicieran parte de la correa de transmisión de la corrupción, accediendo a los ministerios, como solía ocurrir previamente. Ahora se pretende de nuevo volver a la figura previa, objeto de manejar el Congreso como un baúl de clientelas, que es precisamente lo que hay que cambiar. Lo que se necesita con la reforma política es atacar la corrupción y recuperarle la majestad al Congreso de la República, Para ello, como lo hemos dicho, uno de los elementos centrales es la modificación de la circunscripción nacional que ha sido, ciertamente, una de las principales fallas de la Constitución de 1991, por medio de la cual se afianzaron las corruptelas y se volvió aún más costosa la política. Es ahí donde se concentran los piñones principales de la corrupción, por cuanto los senadores tienen que hacerse elegir en diferentes departamentos, a unos costos estrambóticos y erosionando la representación democrática, ya que terminan, en ese piélago territorial, sin representar nada.
La actual reforma política no actúa, pues, a conciencia sobre los verdaderos fenómenos a modificar. Por el contrario, parece una feria de normativas, sin ningún propósito conciso, sino el de simplemente subir los gastos en todos los aspectos cuando, por el contrario, el país requiere ajuste económico equilibrado y sindéresis en la formulación de una democracia más transparente y con menos subterfugios.
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