- Activación en medio de muchas dudas
- Candidatos sub judice y curules aseguradas
En próximos días se lanzaría el partido político en que se trasmutarán las Farc, una vez terminado ya su proceso de desarme y en vías de reinserción a la vida civil de todos sus integrantes. Sin lugar a dudas se trata de un hecho importante en lo que tiene que ver con que una organización que por más de cinco décadas causó miles de muertes de colombianos y fue protagonista de episodios de la mayor sevicia y barbaridad, ahora salga a defender su particular visión de país, no por la vía de las armas y el terrorismo, sino en el marco del libre juego democrático y el debate de las ideas.
Sin embargo, como ocurre con todo lo que se deriva del accidentado proceso de paz entre el Gobierno y esa guerrilla, la activación de su partido –prevista inicialmente para este domingo, aunque anoche se analizaba su posible aplazamiento- está generando una gran cantidad de polémicas y reservas. La principal, claro está, gira en torno a por qué se le permite a esa facción constituirse como un partido si todavía no está claro cuánto de su personal de base y dirigencia debe someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que ni siquiera ha sido estructurada, tiene pendiente la elección de sus magistrados y tampoco el Congreso ha aprobado su respectivo reglamento. De esta manera al debate de cómo es posible que personas que cometieron delitos graves y de lesa humanidad no vayan a la cárcel y, además, sean habilitados política y electoralmente, se suma otro hecho no menos polémico referido a que las Farc podrán adelantar actividades proselitistas pese a que ni siquiera se han sometido a la justicia transicional y sus candidatos, todos integrantes de la cúpula y culpables de las peores atrocidades, se podrán desplazar por todo el país sin ningún tipo de restricción y, sobre todo, teniendo pendiente todavía la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a sus millones de víctimas .
A lo anterior se suma que la activación de las Farc en materia política se da cuando la Corte Constitucional aún tiene pendientes varios fallos de exequibilidad de los decretos, leyes y actos legislativos aprobados por el Congreso referentes a la creación de su partido, los mecanismos de financiación, sistemas de protección y otros referentes a las múltiples gabelas económicas, políticas, sociales e institucionales que se les otorgaron en el acuerdo de paz, el mismo que fue rechazado en las urnas pero luego refrendado en una inédita y cuestionable maniobra parlamentaria con la anuencia gubernamental. A esto debe adicionarse que tanto en el Senado como en Cámara todavía hay unas iniciativas en trámite que, se supone, deberían estar vigentes para que el partido político de las Farc pueda empezar a funcionar como tal.
Si algo han demostrado la mayoría de las encuestas es que la opinión pública es muy crítica de la gran cantidad de concesiones hechas a la facción desarmada, lo que implica que la activación política de ese nuevo partido se hará en medio de un clima bastante álgido. Por ejemplo, no será fácil hacerle entender a los colombianos que la colectividad que se creará tiene ya de por sí aseguradas diez curules en el Senado y la Cámara a partir de julio de 2018, sin importar el volumen de votos que logren en los comicios parlamentarios de marzo próximo. Y, como si fuera poco, continúa rondando la preocupación en muchas regiones sobre el riesgo de que sectores afines a la facción desarmada se camuflen detrás de organizaciones sociales y de presuntas víctimas del conflicto para postularse a las 16 nuevas curules en la Cámara que se elegirán bajo la circunscripción especial de paz.
En medio de un país hastiado de los escándalos de corrupción que han evidenciado sus tentáculos en las más altas esferas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y teniendo los partidos políticos la más alta descalificación de los últimos años, es evidente que el arranque de la colectividad de las Farc no hace más que aumentar la desconfianza ciudadana en el sistema electoral, y por esa vía en la propia legitimidad del Estado. Sería de inmensa ingenuidad desconocer estas circunstancias y, más aún, creer que la mayoría de los colombianos no son conscientes de las falencias del acuerdo de paz firmado, por más que sus promotores insistan discursivamente en que el mismo aclimatará la era del posconflicto y el fin de la polarización, pese a que la realidad demuestre lo contrario.
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