ENFRENTADO POLITICO
Choque por ley sobre detención preventiva

Foto Montaje El Nuevo Siglo

En la presente semana el  fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que impugnará la Ley 1760 de 2016 por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

La Ley 1760 fijó en un año como máximo la privación preventiva de la libertad para que la justicia resuelva la situación jurídica del procesado, con excepción de los delitos que involucren a tres personas o más, y otros que tengan que ver con corrupción, terrorismo, secuestro, desplazamiento forzado, homicidio agravado y que sean de conocimiento de la justicia especializada.

Esta norma debía entrar en vigor el 1° de julio del año anterior, no obstante teniendo en cuenta que el aparato judicial no estaba preparado y que al menos 10 mil internos por sus efectos podrían recuperar la libertad, el Congreso aprobó la Ley 1786, que prorrogó por un año más la puesta en vigor de la medida.

Es por ello que desde el pasado 1° de julio aplica esta ley y como consecuencia un número importante de internos están solicitando la libertad.

El Fiscal anunció que “vamos a presentar un proyecto de ley, simplemente derogando la Ley 1786. De otra manera no vamos a ser suficientemente contundentes para poder ganar esta lucha contra el delito”.

Añadió que la mayoría de los beneficiados son violadores, integrantes de bandas criminales y secuestradores.

“Nos preocupa que esta lucha que tenemos y que ustedes saben en las regiones (…) esta lucha contra las organizaciones criminales se está viendo empañada y afectada por la calidad de las leyes“.

Sin embargo, Luis Fernando Otálvaro,  presidente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, dijo a EL NUEVO SIGLO que no basta con derogar esta ley sino lo más importante es tener una verdadera política criminal.

“Para nosotros en este momento es supremamente importante tramitar una reforma a la Ley que está dando la posibilidad de la salida masiva de presos, de detenidos, sobre todo por delitos graves como el de las violaciones o los delitos sexuales”.

No obstante el funcionario judicial dijo “creemos que definitivamente hay que hacer todo un estudio a través de la política criminal  que nos permita realizar un cambio de normatividad acorde con la realidad del país y desde la perspectiva de una justicia pronta, efectiva, pero que no sea como hasta el ahora, que se legisla de acuerdo al momento, de acuerdo a lo que se está viviendo, al estímulo, y no precisamente a lo que requiere el país. Entonces estamos diciendo que no demos más palos de ciego, que necesitamos una política criminal que esté acorde con la realidad del país”.

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