EDITORIAL. Al filo de la navaja

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  • Atacar factores recesivos de la economía
  • No perder el optimismo en medio de crisis

 

La lamentable situación por la que atraviesa la economía nacional, con un crecimiento semestral del 1.2 por ciento, en la primera mitad de 2017, pone sobre el tapete la necesidad de un tratamiento de choque a fin de no seguir hacia el abismo y la recesión. Por igual, nada es peor para los índices económicos que el pesimismo. En efecto, la ciencia económica es en buena parte la venta de futuros, de expectativas, de esperanzas y en tal sentido el deber gubernamental es tratar de presentar un mejor panorama ante la evidente adversidad reinante. El problema, claro está, consiste en que las voces optimistas a veces se vuelven inaudibles frente a las realidades circundantes. De modo que está bien recurrir al optimismo siempre y cuando este no se encuentre desenfocado de las vivencias y la cotidianidad de los colombianos.

El optimismo, por tanto, no puede ser apenas un acto retórico para salir del paso, sino que debe estar atado a las dinámicas del momento. Es un hecho, por ejemplo, que una de las circunstancias más calamitosas de la actual coyuntura económica está en la carencia de consumo, impactado drásticamente por la reforma tributaria, y por lo tanto no son descabelladas las ideas de hacer una moratoria en el alza del IVA, en el próximo trimestre, y dejarlo durante un tiempo en el 16 por ciento. Del mismo modo otra idea plausible de Guillermo Botero, director de Fenalco, está en eliminar por esta vez la Ley de Garantías Electorales, a objeto de evitar la parálisis de la economía durante el lapso prolongado de la campaña. El problema en esa dirección está en que hoy, tal vez como nunca y a raíz del tenebroso escándalo de Odebrecht, la desconfianza en las actividades estatales y sus espurios nexos con las campañas políticas se mantiene en el apogeo. En caso, pues, de suspenderse la Ley de Garantías habría que convocar a Procuraduría y Contraloría para una supervisión en tiempo real de todos los procesos contractuales y licitatorios.

Es una fatalidad, ciertamente, que algunas buenas noticias no alcancen, a su vez, a cambiar el ambiente pesimista del entorno económico. En todo caso resulta favorable que la inflación haya vuelto al rango meta y que el desempleo, a pesar del continuo ajuste de las nóminas en las empresas privadas, no se haya disparado. Tampoco es mala noticia que los precios del petróleo se hayan recuperado en cierta medida, frenando, o al menos estabilizando, la devaluación del peso colombiano frente al dólar, y que las principales potencias mundiales muestren mejores índices de crecimiento en favor de un ambiente productivo global más saludable. Y por igual es positivo que la agricultura colombiana obtenga cifras considerables, aun si ello no tiene mayor impacto en los grandes rubros nacionales.

Pero de otra parte hay elementos que, más allá del crecimiento, conspiran decididamente contra el ámbito económico colombiano. Basta con ver las solicitudes de la ANDI al gobierno nacional para tratar de poner la casa en orden. Fuere lo que sea, el desorden es ostensible en muchos aspectos, inclusive de reciente aparición, de suerte que ya no es solo la inseguridad jurídica la que atenta contra la inversión, base de cualquier recuperación económica, sino fenómenos sin arreglo como las consultas municipales y regionales contra la minería legal, mientras campea la criminal, al igual que fallos intempestivos contra los inversionistas extranjeros, sin fórmulas debidas para el pago, como el reciente de las telecomunicaciones. Parecería, entonces, que el Estado colombiano ha graduado de enemigo público número uno a la inversión internacional, mientras en Colombia no hay un peso para soportar operaciones cruciales. De otro lado, por ejemplo, el Estado es incapaz de articular actividades tecnológicas de nueva generación, como Uber, y resulta completamente desbordado por las realidades del mundo contemporáneo.

No ha sido, pues, el Estado un buen compañero para el desarrollo de la industria. De suyo, ella hoy llega a ocupar tan sólo un 12 por ciento del PIB, cuando hace unas décadas su exposición era de casi el doble. Por el contrario, Colombia tiene, en la actualidad, una de las más altas tasas de tributación del mundo. Y ello, por supuesto, golpea dramáticamente a la inversión, tanto nacional como del extranjero, impidiendo el crecimiento y la creación de empleo. Por lo demás, se pagan los más altos impuestos pero el Estado se demuestra totalmente ineficiente para la administración de los recursos y la redistribución del ingreso, manteniendo arriba el índice de Gini. Un ostensible fracaso, en toda la línea.

Lo más grave de hoy es que el modelo económico colombiano es una colcha de retazos indescifrable. No obstante, de la actual campaña electoral y las propuestas dependerá un horizonte de optimismo o que sigamos en barrena.

 

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