Con una votación unánime, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles en segundo debate el proyecto de ley que consagra la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura de congresistas.

Este proyecto de ley fue radicado por el Ministerio de Justicia y del Derecho el pasado 2 de mayo y tiene como objetivo principal adaptar el ordenamiento jurídico colombiano a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que establecen la doble instancia como una garantía judicial para todas las personas.

"La doble instancia no sólo es un derecho constitucional sino que es un principio. Debemos aplicarlo en materia de pérdida de investidura para congresistas. Esto es parte de un requerimiento de las exigencias internacionales de la misma Constitución", indicó el jefe de la cartera de Justicia.

Actualmente, los procesos de pérdida de investidura de los congresistas los conoce, en única instancia, el Consejo de Estado. La iniciativa que está en curso en el Congreso propone una división orgánica al interior del alto tribunal de modo que se cree una sala para tramitar estos casos en primera instancia y, en segunda, irían a la Sala Plena. .

El Ministro Gil Botero, aseguró que el proyecto de ley no debe entenderse como una dádiva para los congresistas puesto que no existe justificación para que senadores y representantes estén por fuera del ámbito de protección de la Constitución en esta materia.  

Durante la discusión de este miércoles en la Plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó una proposición que busca ampliar de tres a diez días el término para contestar una demanda por pérdida de investidura.

Con la radicación de este proyecto, la cartera de Justicia busca adoptar una política coherente que garantice el derecho a la doble instancia y contribuya con la racionalidad para la correcta administración de justicia.

El ministro Botero, concluyó su intervención agradeciéndole a la Cámara de Representantes por el apoyo a este proyecto de ley con el que será posible saldar una deuda histórica que se tiene con el Congreso.