Si tras cinco años y medio de proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc la polarización marcó el día a día del país frente a la negociación, la firma del “acuerdo final” esta semana en La Habana evidenció que el choque de criterios frente a lo pactado con la guerrilla sigue más vivo que nunca.

Esa es, quizá, la primera gran conclusión que se puede sacar de lo ocurrido desde el miércoles en la tarde, luego de que, tras cuatro años de negociaciones, los dos jefes de las delegaciones, el ex vicepresidente Humberto de la Calle e ‘Iván Márquez’, estamparan sus respectivas firmas en un texto de más de 297 páginas que contiene todos los acuerdos a que se llegó sobre los seis puntos de la agenda “para la terminación definitiva del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”.

Es claro que pese a que nunca, en los varios procesos de paz que se intentaron con las Farc en las últimas tres décadas, se había llegado a un “acuerdo final” que, si se aprueba, debería acabar el conflicto armado con esa facción subversiva tras 52 años, las opiniones de los partidarios y contradictores del proceso no variaron sustancialmente frente a lo que pensaban antes de que en La Habana se dieran por terminadas las tratativas.

También es evidente -negarlo sería ingenuo- que la gran mayoría de los colombianos no ha podido leer ni digerir un texto tan largo y complejo. De allí que concluir que después de conocerlo y analizarlo a fondo una facción sustancial de ciudadanos ha decidido alinearse por el “Sí” o el “No” en el plebiscito que se citará para refrendarlo o negarlo, es muy arriesgado. De allí que las encuestas de estos últimos cuatro días todavía están marcadas por una gran carga emotiva más que racional.

Lo cierto es que aún es muy temprano para determinar las implicaciones de lo definido en la Mesa en estas  últimas tres semanas, sobre todo en lo relativo a los ajustes a los acuerdos que se habían firmado desde 2013. Para ello habría que hacer una comparación minuciosa entre los textos de esos preacuerdos que se fueron revelando a lo largo de los últimos tres años, en los que se identificaban los temas pendientes con “xxx”, y los textos definitivos de los mismos que fueron formalizados esta semana en el acuerdo final.

Una prueba de ello, por ejemplo, fue lo que pasó con uno de los temas clave del primer acuerdo a que se llegó en la Mesa, el relativo al agro, fue firmado a mediados de 2013, y en el que no se precisó la extensión de las tierras que se someterían a la “Reforma Rural Integral” pactada.

Ese asunto duró tres años sin dilucidarse pero si se revisa el texto del acuerdo definitivo que se reveló esta semana se encuentra que serán 10 millones de hectáreas las que irán a ese programa: tres millones para el Fondo de Tierras y otras 7 millones por la vía de “formalización masiva de la propiedad rural”. Hay que evaluar este asunto a fondo.

Igual ocurrió con la amnistía para los guerrilleros. Cuando se anunció, a finales del año pasado, toda la estructura del acuerdo sobre Jurisdicción Especial de Paz (JEP) -que establece el polémico tema de que no habrá cárcel para los guerrilleros que confiesen sus delitos graves y de lesa humanidad-, lo relativo a la amnistía para definir la situación de más del 80% de los subversivos que serán acusados por rebelión y delitos conexos menores, apenas si se mencionó.

Pero ya en el acuerdo final revelado esta semana viene anexo hasta el texto del proyecto de ley que se someterá al Congreso, en el cual quedaría claro que el narcotráfico sí será delito conexo al delito político, por lo tanto podría ser cobijado con la amnistía amplia que se plantea para el grueso de los subversivos que se desmovilicen y desarmen.

Otro tanto se puede decir de los mecanismos para ampliar la participación política de las comunidades en las zonas que se vieron afectadas por la violencia. Cuando se reveló, en noviembre de 2013, el acuerdo sobre participación política, el tema de las llamadas “circunscripciones especiales de paz” se mencionó sin precisar más. Igual quedó sin definir si a la guerrilla desmovilizada y desarmada se le darían curules en el Congreso. Es decir, si habría o no elegibilidad política inmediata o mediata.

El jueves, cuando se publicó el acuerdo, se encontró que son 26 las nuevas curules pactadas. 16 de ellas por la vía de las “circunscripciones especiales de paz”, sin que esté claro en qué departamentos se abrirán, bajo qué criterios se escogerían entre tantas zonas afectadas por el conflicto armado en el país y- más importante aún- cómo evitar que el partido político que surja de la guerrilla no trate de adueñarse de forma directa o indirecta de estos espacios.

De igual manera, frente a las cinco curules en el Senado y la Cámara que se le darán, como mínimo, al partido político en que deriven las Farc en los comicios de 2018 y 2022, aún no resulta muy claro por qué se le permitirá a esa futura colectividad hacer alianzas con otros partidos políticos, si se supone que esta gabela de garantizar una representación mínima en el Parlamento es estrictamente para la facción ilegal que se desarma e ingresa a la vida civil.

Igual sorprendió que entre lo acordado para que el partido político derivado de las Farc pueda tener chance de permanecer en el escenario político, sea necesario financiarle su campaña de divulgación programática y hasta un centro de pensamiento.

Otras sorpresas

Y a ello hay que sumarle que si bien un cálculo preliminar indica que a cada integrante de las Farc (el acuerdo no diferencia entre combatiente, miliciano ni personal de logística y base) se le darían ayudas por más de 24 millones de pesos en dos años, después vendrían otra serie de apoyos que no son fáciles de cuantificar.

Lo cierto es que si esa guerrilla llegara a desmovilizar alrededor de 20 mil personas, el costo de este proceso de reincorporación a la vida civil bien podría pasar del medio billón de pesos, solo para los dos primeros años.

Incluso, aún hay confusión en torno a cómo será el blindaje internacional del acuerdo final. Esto porque en el comunicado del Gobierno y las Farc, el miércoles en La Habana, que luego fue incluido como encabezado del texto definitivo del acuerdo final, se dice literalmente que este “se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra”.

Sin embargo, el llamado “acto legislativo especial de paz”, aprobado en junio pasado por el Congreso y que establece los mecanismos de implementación y garantía de cumplimiento del acuerdo final, contempla efectivamente que el texto de este será elevado a la categoría de acuerdo especial “en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949”. Sin embargo el artículo 5 de esa reforma constitucional, relativo a la vigencia, dejó en claro que todo lo mandado en este sólo podría aplicarse después de que se hubiera refrendado en las urnas el “acuerdo final” de paz.  

Es decir, que el acto legislativo establece que la radicación del acuerdo final en Ginebra sólo debería hacerse después de votado positivamente el plebiscito y no antes. Y este, como se sabe, será citado apenas para el 2 de octubre, de allí que no se entiende por qué se habló en el comunicado del miércoles pasado de que habría una inscripción “inmediata” en la capital suiza.

Enunciados genéricos

Seguramente si se continúan comparando los textos de los acuerdos sobre cada uno de los puntos revelados en los últimos cuatro años y los textos definitivos que fueron ajustados a lo largo del último mes en maratónicas jornadas en La Habana, se encontrará que algunas de las modificaciones a los temas pendientes no fueron menores ni apenas de redacción, sino que implicarán cambios que aún no se han logrado determinar porque la lectura y análisis detenido de las 260 páginas del acuerdo final demandará un tiempo mayor.

Incluso, es muy posible, como lo advirtieran varios senadores el viernes pasado, que dada la premura del tiempo que marcó estas últimas semanas el ritmo de la Mesa de Negociación para cerrar ya las tratativas y acelerar el cronograma del plebiscito, muchos temas que estaban pendientes quedaron apenas en enunciados genéricos para luego ser desarrollados puntualmente en los proyectos de ley y reforma constitucional que se tramitarán por la vía del procedimiento legislativo especial (fast track) que contempla el llamado “acto legislativo de paz”.

Como se dijo, este acto legislativo no sólo contempla elevar el pacto final –si es refrendado en las urnas- a acuerdo especial a la luz de los convenios de Ginebra, sino que el texto completo será insertado en el bloque de constitucionalidad. Ello implica, entonces, que se convertiría en norma superior y en ese orden de ideas muchos de esos enunciados genéricos del acuerdo final pueden terminar implicando cambios legales y constitucionales muy profundos que hoy no son  claros y que, incluso, cuando los colombianos vayan a las urnas el 2 de octubre, tampoco lo estarán.

Igualmente, dada la generalidad de muchos acápites del acuerdo final revelado esta semana, no hay cómo establecer cuál será el alcance de los decretos que el presidente Santos emitirá para desarrollar parte de ese pacto final, en uso de las facultades extraordinarias que se le otorgaron en el “acuerdo legislativo de paz”.

Así las cosas, quienes pensaban que en el acuerdo final habría un listado medianamente definitivo de las leyes, reformas constitucionales y decretos que deberían aprobarse o dictarse, se quedaron esperando esa precisión.

Precisamente por esa incertidumbre algunos críticos del proceso alcanzaron a insinuar esta semana que podría haber una especie de ‘agenda secreta’ entre las partes sobre los temas puntuales que, pasado el plebiscito, deberán presentarse al Congreso o decretarse. Algunos de ellos con temáticas muy impopulares que se aplazaron intencionalmente para no afectar el “Sí” en las urnas.

Sin caer en esos escenarios de sospecha e hipótesis sin fundamento objetivo, y partiendo de la base de la probada buena fe de todo el equipo negociador del Gobierno, lo cierto es que lo que no se puede negar es que así como el acuerdo final sí contempló de manera taxativa temas de alta complejidad jurídica, política y económica, en otros apenas si se enunciaron los cambios y sólo cuando se radiquen los respectivos proyectos o se emitan los decretos, la opinión pública tendrá la suficiente certeza sobre el verdadero alcance de lo negociado en La Habana.

Pedagogía complicada

Es por todo lo anterior, que la pedagogía misma del acuerdo final de paz entre Gobierno y Farc es todo un reto, tanto para los defensores de la negociación y promotores del “Sí” en el plebiscito, como para los críticos del proceso e impulsores del “No”.

¿Cómo explicar de forma clara, entendible y, sobre todo, completa un acuerdo que tiene 260 páginas y en el que, además, muchos cambios y ajustes políticos, económicos, sociales, institucionales y de otra índole pactados no se expresaron taxativamente sino que se difirieron, sin precisión alguna sobre su alcance, a lo que tramite el Congreso o decrete el Presidente después de la cita en las urnas? ¿El incierto panorama de las encuestas alrededor del “Sí” o el “No” se podrá superar si el acuerdo final tiene las circunstancias ya advertidas? ¿En este escenario será posible que en Colombia el voto por el plebiscito, cualquiera sea su sentido, se pueda dar con la ciudadanía informada y consciente de que lo está en juego y qué pasaría si gana una u otra de las alternativas? ¿Este terreno gaseoso no aumenta el riesgo de que cada campaña interprete el acuerdo a su acomodo y satanice artificiosamente los argumentos de la contraria?

La urgencia de despejar estos interrogantes supera con creces el debate en torno si será drástica o laxa la reglamentación de las campañas que haga este martes el Consejo Nacional Electoral. Pesa más que el rifirrafe político a cada segundo entre santismo y uribismo. Va más allá de lo viable o complicado que es aplicar sobre el terreno, a partir de mañana, la orden presidencial y de las Farc de cesar el fuego. Es mayor al reto que supone vigilar que todo el pie de fuerza subversivo efectivamente empiece a trasladarse a las 22 zonas veredales de concentración y las 6 campamentarias. Es más importante que el reto logístico que implicará que en los próximos días se realice la “décima conferencia” guerrillera, posiblemente en Meta o Caquetá, y a la que deberá garantizarse el traslado de no menos de 200 mandos subversivos de todo el país. Incluso, es una urgencia que tiene más implicaciones que el reto que le espera a la Fuerza Pública para copar las zonas de donde salgan los frentes de las Farc ante la amenaza del Eln, las Bacrim y otros grupos de delincuencia organizada o común de tomárselas a sangre y fuego…

En síntesis, si bien esta semana se dio el innegable hecho histórico de la firma del acuerdo final de paz con las Farc, hablar de que ya terminó la guerra o de que el pacto final después de cinco años y medio de negociaciones confidenciales y públicas es bueno o malo, termina siendo muy incierto porque no hay claridad meridiana sobre qué se acordó y qué no. Esa es la realidad.