Luego de la publicación del “acuerdo final” de paz entre el Gobierno y las Farc quedó claro que las partes le pedirán a las Naciones Unidas (ONU) que la Misión Política ya autorizada para vigilar el cese el fuego y el desarme subversivo, pueda extender su mandato para verificar también la reincorporación de los miembros de la guerrilla a la sociedad civil y la implementación de las medidas de protección y seguridad.

Según lo que se anunció en La Habana el miércoles pasado, como parte de los últimos pactos en la Mesa antes de concretar el “acuerdo final” se determinó que para hacerle seguimiento a la implementación de los acuerdos, se creará un mecanismo de verificación que tendrá un componente internacional cuyo propósito será comprobar el estado y avances del pacto, identificar retrasos o deficiencias y fortalecer su implementación.

Ese mecanismo de verificación estará compuesto así:

- Dos notables: personas de representatividad internacional, elegidas una por parte del Gobierno Nacional y otra por las Farc.

- Componente internacional de verificación: estará integrado por un representante de cada uno de los países garantes y acompañantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile)

- Componente técnico: el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) diseñará la metodología para identificar los avances.

Asimismo, las partes solicitarán a las Naciones Unidas una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las Farc y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva.

Esta misión, según de indicó, iniciará sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las partes consideraron que el sistema de verificación que se ponga en marcha debe asegurar su funcionamiento por un período de tres años, renovables si fuera necesario.

La ya autorizada

Esta nueva Misión, como se dijo, tendría lugar tras el vencimiento de la misión de verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, que fue autorizada en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU número 2261 de enero 25 de este año, en la que se contempla un tiempo de 12 meses para el cumplimiento de las labores establecidas.

Si se tiene en cuenta que la resolución es de finales de enero y el cese al fuego bilateral y definitivo pactado en La Habana empezará a aplicarse un día después de la firma formal del acuerdo final, que podría ser el 23 de septiembre, se puede decir que ese primer mandato ya va por la mitad pero aún no se han abierto las 23 zonas veredales y 8 campamentarias en que la guerrilla se ubicará con todo su personal para proceder al desarme en un plazo máximo de seis meses. Este plazo vencería, entonces, en marzo, como mínimo.

Por ese motivo tanto el Gobierno como las Farc consideran que el acompañamiento internacional no sólo es fundamental durante el cese de hostilidades sino que, a su vez, será de vital importancia en las diferentes etapas del postconflicto.

Según el acuerdo final el interés de las partes es que exista una veeduría internacional que verifique el cumplimiento de los acuerdos. Ella tendrá que actuar en conjunto con la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR).

Esta nueva petición tiene que ser presentada al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, solicitándole el apoyo respectivo. Lo que no se sabe es si la petición se tramitará por vía de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad.

Hoy, precisamente, se tiene previsto que esta última instancia responda al informe que el pasado 19 de agosto le presentó Ban Ki Moon indicando cómo avanza la Misión de Monitoreo y Verificación que, en conjunto con delegados de Ejecutivo y guerrilla, ya fijaron los protocolos de funcionamiento de la misma y recorrieron las 31 zonas en donde se concentrará el pie de fuerza subversivo.

Nueva reunión

EL NUEVO SIGLO conoció que el Gobierno tiene previsto reunirse con Ban Ki Moon a más tardar el miércoles de la próxima semana para finiquitar esta nueva solicitud y lograr que la Asamblea General o el Consejo de Seguridad aprueben la misión de verificación ampliada.

Esta, que a primera vista pareciera la continuación de la misión de verificación del cese hostilidades bilaterales, contempla unos objetivos diferentes y es más larga, por tratarse del pos-conflicto. Teniendo en cuenta las declaraciones y el acompañamiento de Ban Ki Moon en el proceso, parece que su aprobación no tendría ningún problema.

La ONU tiene hoy 16 misiones en todo el mundo, con énfasis en África y Asia. En Sudán y Sudán del Sur enfrenta  la más difícil por la violencia y la falta de institucionalidad. Además, tiene la mira puesta en Siria, donde la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han reconocido un “rotundo fracaso”. En América sólo está presente en Haití desde hace 5 años tras el terremoto que devastó al país.

No es claro, sin embargo, si el Gobierno colombiano tendrá que surtir el mismo procedimiento que hizo para la lograr la autorización de la Misión de Verificación del cese de hostilidades y el desarme; o si, en su defecto, esta nueva petición se entenderá como una extensión de la ya aprobada.