La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Corte Constitucional el informe de seguimiento número 17 al esquema de metas de corto plazo elaborado a favor de la población de recicladores del Distrito, en el que se analizan los avances de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en la materia.
Sobre cada una de las metas del esquema, el Ministerio Público formuló observaciones y planteó inquietudes frente a las inconsistencias en los porcentajes de avance en los objetivos trazados.
El ente de control, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advirtió que en el objetivo que busca que el 100% de la población de Bogotá conozca el programa “Basura Cero”, y como lo indicó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “(…) se evidencia que a pesar de las actuaciones del Distrito frente al aprovechamiento, no se ha generado disminución en la cantidad de toneladas de residuos que se llevan al relleno sanitario, el cual constituía uno de los objetivos del esquema transitorio implementado”.
Frente las acciones relacionadas con la inclusión de los recicladores como operadores, la Procuraduría recomendó realizar la depuración del Registro Único de Recicladores (RURO), ya que según el Informe de Caracterización de la Población Recicladora el censo de 2012 registró 13.771 recicladores y en la actualidad hay 21.601 registrados.
Al respecto, la UAESP había señalado diferentes fechas para el cierre de las inscripciones en el Registro Único, sin embargo, la entidad aseguró que dentro de las acciones contempladas para la inclusión de recicladores está mantener el registro depurado y actualizado. Por tal razón señaló que “(…) mantendrá vigente y en modificación constante el registro hasta que tome una medida mediante acto administrativo”.
El órgano de control reiteró que el pago de la tarifa como persona individual a los recicladores podría desincentivar la asociatividad de esta población. Como consecuencia de lo anterior, actualmente solo existe una organización inscrita como prestadora del servicio de aprovechamiento ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, de 21.601 personas inscritas en el RURO, únicamente 394 están legalizadas para prestar el servicio.
Así mismo, se encontró que de 68 organizaciones de recicladores en proceso de habilitación, 42 son reportadas por la UAESP como sin información.
En el informe enero – marzo de 2016 presentado por la UAESP a la Procuraduría, la entidad hizo ajustes a los avances reportados en informes anteriores, incluso de metas que tenían el 100% de cumplimiento. Aseguran que las estrategias que tienen que ver con dotar a la ciudad de equipamientos que garanticen el aprovechamiento del material reciclable, ajustar el marco regulatorio para la reorganización del servicio público de aseo orientado hacia el aprovechamiento y la elaboración del Reglamento Técnico Operativo de Aprovechamiento “no se cumplieron”.