La mecánica de negociación y el acuerdo final que lograron el Gobierno y las Farc, tras cuatro años de tratativas en La Habana, empieza a tener consecuencias más allá del ámbito de la posible finalización del conflicto armado entre las partes.

Una  prueba de ello, y que seguramente se va a replicar en muchas otras negociaciones entre el Ejecutivo y sectores que protestan por diversos asuntos de orden político, económico, social, presupuestal, institucional y de diversa índole, son los pronunciamientos de los líderes del paro indefinido que terminó la semana pasada en Chocó, luego de alcanzar un acuerdo con una comisión de alto nivel del Gobierno.

Si bien es cierto que las partes firmaron una serie de compromisos en materia de presupuesto y obras de infraestructura, salud, vías y educación, entre otros, y sobre esa base se pactó el levantamiento del paro, algunos de los voceros de la protesta han pedido que el respectivo acuerdo se inscriba ante alguna instancia internacional para garantizar su cumplimiento, postura que ha causado sorpresa y generado múltiples interpretaciones.

La inédita solicitud está sustentada en que en anteriores paros cívicos en el Chocó, tanto el gobierno Santos como sus predecesores se comprometieron, en su oportunidad, a un largo de listado de obras y programas que si bien permitieron que se suspendieran las protestas, con el pasar de los meses no se cumplieron y, tras ello, sobrevinieron nuevas movilizaciones populares.

De igual manera por estos días se han escuchado quejas de otros movimientos de protesta surgidos o concretados en los últimos meses. Por ejemplo, varios  voceros de las llamadas “dignidades campesinas” han advertido que con el drástico recorte presupuestal para el 2017 al sector del agro, será muy difícil que el Gobierno pueda cumplir con todas la promesas que suscribió para levantar, no solo el paro agrario del segundo semestre de 2013, sino el que se registró en abril pasado, motivado precisamente por el incumplimiento del primero.

También hay crecientes muestras de inconformismo por parte de un sector de los camioneros que advierten que el Gobierno no ha aprobado algunos de los decretos sobre regularización del trabajo de los conductores y ajustes a una gran cantidad de matrículas de automotores que están en vilo. Estas medidas hacen parte del pacto para levantar el reciente paro de más de seis semanas que adelantaron miles de dueños y conductores de vehículos de carga. 

De igual forma en varias ciudades de la región Caribe se han escuchado en las últimas semanas voces de líderes regionales y hasta de congresistas indicando que así como está la situación con Electricaribe, la única forma en que el Gobierno implemente una solución radical al problema de calidad en el servicio y cobertura de dicha compañía, sería que se registre un paro cívico en los departamentos en la costa Norte.

En la misma línea, algunas instancias sindicales del sector de la justicia han recalcado que la crisis presupuestal que afecta a la Rama se agrava día tras día y que no se descarta que antes de terminar este año se haga un llamado a un nuevo paro.

Nuevo marco

No deja de ser paradójico que muchos de los quejosos tiendan a comparar los incumplimientos gubernamentales que afectan a sus respectivos sectores o nichos gremiales, con la mecánica acordada en La Habana para garantizar que todo lo pactado en la Mesa se concrete de forma eficaz y acorde en los tiempos y procedimientos establecidos por las delegaciones de Gobierno y Farc.

Como se sabe, según el acuerdo final suscrito en La Habana, cada uno de los compromisos políticos, jurídicos, económicos, institucionales, sociales y de cualquier otra índole, tendrá un mecanismo tripartito de verificación de cumplimiento. Mecanismo del que harán parte no solo el Ejecutivo y la guerrilla en trance de desmovilización o ya como partido político legal, sino un componente internacional en el que tendrán asiento desde los países garantes y acompañantes del proceso y la ONU hasta otras instancias de alta credibilidad global.

Es apenas predecible y obvio que este elemento de garantía y cumplimiento en el acuerdo de paz va a impactar y condicionar muchos de los procesos que, en adelante, el Gobierno tenga que negociar con alguna contraparte para solucionar crisis coyunturales o estructurales, paros, llamados a ‘resistencia civil’, asonadas, huelgas, plantones, marchas, bloqueos…

El solo hecho de que se esté hablando en el Chocó de la necesidad de inscribir el acuerdo de solución del paro ante una instancia internacional como mecanismo de presión y garantía de que ahora sí se cumplirá todo lo pactado para sacar del atraso secular a ese atribulado departamento, es claro que tiene relación con la mecánica que se pactó en La Habana.

Incluso, si se hace una revisión de las miles de reacciones en las redes sociales a la firma del acuerdo final en La Habana, se puede detectar fácilmente que en una parte de ellas muchos ciudadanos no se manifiestan en contra de lo pactado, pero sí advierten la paradoja de que a las Farc, por su violencia y sevicia, se les haya concedido muchas ventajas políticas, jurídicas, económicas y de otro aspecto, mientras que los líderes de muchos movimientos sociales, agrícolas, judiciales, regionales y de distintas sectores y actividades, no solo han terminado judicializados por protestas y paros en que se acudió a las vías de hecho, sino que mucho de lo prometido para que cesaran las protestas no se terminó cumpliendo.

Visto todo lo anterior es necesario, entonces, que el Estado en su conjunto y a todos los niveles se concientice de que a partir de la experiencia de La Habana, el llamado “dialogo social” tendrá un nuevo marco, sobre todo en lo relativo a las condiciones y garantías que quienes lideran los paros y movilizaciones en busca de que se cumplan sus exigencias, pondrán para asegurar que no se les haga ‘conejo’.

Este es un elemento que en medio de la ebullición de reacciones a favor y en contra de lo ocurrido en La Habana aún no es muy visible, pero que en pocos meses empezará a cambiar la forma en que en Colombia se negocia la solución a paros y protestas. Y lo más previsible es que los promotores de pliegos de exigencias no duden en señalar que así como a las Farc se le garantiza el cumplimiento de su acuerdo, igual debe hacerse con quienes, sin haber empuñado en nunca un arma, también demandan del Estado el cumplimiento de peticiones y pactos.