Para el gremio financiero, las medidas que ha tomado el Gobierno referente a los temas de justicia, salud, impuesto a la riqueza, el uso de las regalías minero-energéticas y las amnistías de tributos, son lastres que han impactado negativamente a la economía.
- Impacto por reformas a la justicia
Referente a los fracasos en las reformas a la justicia, la ANIF argumenta que ejecutaron una voz de alerta en la que se pidió un tratamiento para reformar el Consejo Superior de la Judicatura.
“En octubre de 2011, ANIF alertó a Santos I sobre la grave situación de la justicia e hizo un llamado a un rápido tratamiento de choque-operativo para lograr su descongestión y reformar el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), dada su baja productividad, politización y corrupción”, se informó en el documento.
Infortunadamente, señala la entidad, un año y medio más tarde, el sector justicia se sumiría en su más profunda crisis, incluyendo paros, pugnas entre las Altas Cortes y la Procuraduría, todo esto agravado por la corrupción para reclamar mesadas pensionales adicionales. Se llegó a sugerir una Constituyente focalizada en reformar el sector justicia (pero un llamado similar y de mayor cobertura por las Farc hundió tal estrategia).
Por su parte, el Presidente finalmente optó por impulsar reformas constitucionales en 2012. No obstante, el Gobierno descubriría que dicho intento de reforma estaba “contaminado” con beneficios carcelarios para delincuentes bien conectados con la Rama y el Congreso.
Según el informe, Santos tuvo que recurrir a mecanismos extraordinarios para derogar la reforma Constitucional ya aprobada por el Congreso.
Adicional a lo anterior, hacia mediados de 2015 culminó una “tercera ola” con la “Reforma al Equilibrio de Poderes” (Acto Legislativo No. 002 de 2015) concentrándose en la defunción de la CSJ y la “Comisión de Acusaciones”; la prohibición de la reelección presidencial; y procesos de reelección de las Altas Cortes. Infortunadamente, los criterios de selección continuaron con “acomodamientos partidistas”, al no haberse instaurado allí una verdadera “tecnocracia-jurídica”, similar a la del Banco de la República.
Además, en su control posterior, la Corte Constitucional (CC) ha “revivido” al CSJ (en lo que tiene que ver con su Sala Administrativa) y ha reversado la desaparición de la Comisión de Acusaciones (asegurando la persistencia de la impunidad para los altos funcionarios de la Rama Judicial). En dicho “activismo político”, la CC argumentó el menoscabo a la independencia del Gobierno judicial, donde la independencia de la CSJ forma parte (según la CC) de “las cláusulas pétreas” de la Constitución; y la afectación de la “separación de poderes” por parte del nuevo Tribunal de Aforados, aduciendo que allí no se estaría en capacidad de evaluar la “incidencia política” (por no ser políticos) de sus actos, dando a entender que en este tipo de juicios debe prevalecer es lo político sobre la técnica-jurídica-probatoria. Difícil encontrar un sector tan “transversal” a toda nuestra economía, pero tan maltrecho y tan desprestigiado.
- Reforma a Regalías Minero-energéticas
Como segundo factor, está la Reforma a las Regalías Minero-energéticas. Frente a esto, la ANIF consideró que el Acto Legislativo 5 de 2011 y la Ley 1530 de 2012 fueron oportunidades desperdiciadas para haber montado un sistema de regalías que asegurara el desarrollo de la infraestructura territorial; se optó por atomizar dichos recursos, dando origen a lo que hoy se conoce como “la mermelada presupuestal territorial”.
A su turno, la entidad anunció que en 2010 se anunció que las regalías pasarían de 0,6% a 1,1% del PIB por año durante 2010-2020, así recomendaron asignar la totalidad de ese incremento (0,5% del PIB por año) a proyectos de infraestructura de conectividad intrarregional. La idea era replicar en Colombia el esquema de matchingfunds entre el Gobierno Central (GC) y los territorios.
Estiman que la bondad de este esquema era doble, no requería reforma constitucional, bastaba con una ley de reasignación; y se creaba una alianza GC-territorios para encarar la infraestructura.
Infortunadamente, aseguran, Santos optó por la atomización de recursos en proyectos de muy baja calidad. Los OCAD han estado plagados de instancias burocráticas y el Gobierno adoptó tardíamente su poder de veto (Ley 1606 de 2012).
- El impuesto a la riqueza
Con relación al factor del impuesto a la riqueza, se advierte que la Ley 1739 de 2014 fue la cuarta reforma tributaria de Santos, inicialmente motivada como otra “Mini-Reforma” tendiente a enfrentar el marchitamiento del Impuesto al Patrimonio (IP) y del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Lo paradójico es que la buena técnica-tributaria precisamente recomendaba desmontar ambos tributos.
“En la segunda administración, Santos cometería uno de sus peores errores al llevar dicho IP (bajo el rubro acusante de “riqueza”) hacia tasas que, combinadas con las de Impo-Renta, implicarían tributos efectivos cercanos al 53% para las empresas durante 2014-2015 y, aun con el desmonte hacia 2018, estarán pagando un 46%”, explicó la ANIF.
No obstante, es considerado como un error grave, pues se desperdició la oportunidad de elevar la tasa general del IVA del 16% al 18% en ese momento, siendo muy difícil (en 2016-2018) justificarlo como instrumento para “financiar la paz”.
- Las amnistías tributarias
El cuarto lastre se refiere a las amnistías tributarias recurrentes. Donde la CC declaró exequible el articulado de la Ley 1739 de 2014 en su componente referido a una nueva amnistía tributaria (bajo la figura del Impuesto de Normalización Tributaria), después de haber rechazado la aprobación de otra serie de amnistías tributarias recientes. La novedad consistió en que la CC da a entender que esta sería “la última vez” que ello estaría ocurriendo en Colombia.
Mientras que ANIF había venido expresando su rechazo a este tipo de recurrentes amnistías tributarias. Ojalá que en esta ocasión la CC cumpla su palabra. La DIAN ha mencionado que el recaudo correspondiente al “Impo-Riqueza” ascendió a $5.5 billones en 2015 (0,6% del PIB, del cual 0,5% fue pagado por las firmas). Les queda entonces a las nuevas administraciones lograr que dicha evasión se reduzca en al menos un 25%, con lo cual dicho recaudo se acercaría a los $7 billones (0,8% del PIB).
- Fracaso por crisis financiera de salud
Como último factor, se encuentra la crisis financiera de la salud. Donde se afirma que Santos hizo importantes esfuerzos por enfrentar el cuasi colapso financiero del sector salud, por ejemplo, a través de la Ley 1751 de 2015 (Estatutaria en Salud); y un fallido proyecto de Ley Ordinaria que buscaba organizar el sector salud. Según el gremio financiero, “el país queda con la frustración de pocos avances de ordenamiento institucional, con una visión ‘garantista-populista’ frente al sistema original de subsidios cruzados. Es claro que le faltó mayor apoyo del Ejecutivo a su Ministro para haber aprobado en el Congreso la independencia a la Supersalud y proveer ordenamiento institucional frente a situaciones de crisis y falta de solvencia de las EPS-IPS. El propio Gobierno ha dicho que los años 2016-2017 también serán de ‘tensión financiera’ en el sector salud. Los nefastos manejos de Caprecom y SaludCoop (representando en conjunto cerca del 17% de los afiliados al sistema) atestiguan la urgencia de contar con ‘mecanismos de resolución’ de entidades del sector salud que entran en problemas de solvencia”.