En una de tantas conversaciones que las autoridades han interceptado a presuntos criminales, se escuchaba a uno de estos, años atrás, decir que era más rentable la corrupción en entidades públicas que el narcotráfico y otros delitos de alto impacto. El propio procurador Alejandro Ordóñez advertía hace pocas semanas que por culpa de corrupción anualmente se ven afectados alrededor de 20 billones de pesos en la administración pública. Tanto la Contraloría como la Fiscalía también han proyectado informes en los que dan cuenta del creciente número de casos de detrimento del erario y delitos contra la administración oficial. Los escándalos judiciales y políticos más graves de los últimos años han estado relacionados con desgreño o apoderamiento de presupuestos de instancias públicas en el orden nacional, departamental o municipal. El Índice de Transparencia Nacional 2013-2014, que evaluó 85 entidades de las tres ramas del poder público y órganos autónomos de regulación y control, reveló que las calificaciones en promedio “sólo logran un nivel de riesgo medio de corrupción con 67,4 sobre 100 puntos”… El propio presidente Santos revelaba semanas atrás que el Observatorio Anticorrupción -creado en el 2011- había establecido que, desde entonces, se han presentado unas 1.800 sentencias condenatorias por delitos contra la administración pública, que, básicamente, son delitos de corrupción. Agregó que de los sentenciados en ese lapso, prácticamente la mitad no ha pagado ni un solo día de cárcel. Incluso, una cuarta parte recibió el beneficio de detención domiciliaria y otro tanto aunque sí fue a prisión, el tiempo promedio tras las rejas no superó los 30 meses…

Visto todo lo anterior, el informe de la Auditoría General de la Nación en torno al descubrimiento de más de 78 “mallas empresariales” que se han adueñado de parte de la contratación pública en el país, resulta alarmante aunque, lastimosamente, no tan sorpresivo. Según la entidad, entre 2014 y 2016 en el nivel territorial se contrataron a través de uniones temporales y consorcios $20 billones. De estos, $8,1 billones se hicieron con “mallas empresariales”, es decir compañías, firmas o consorcios que teniendo los mismos socios y conexiones operan en todo el país en busca de quedarse con los contratos de gobernaciones, alcaldías e instituciones del orden nacional o descentralizado. Según el Auditor General, en entrevista dominical con este Diario, se evidencia así una “forma de concentración de la contratación en diversos sectores y por eso se llama la atención sobre el tema para que, en dado caso, no se vaya a generar un daño al patrimonio público”. El informe de la entidad de control da cuenta de que hay 10 mallas en el sector de la alimentación escolar, 8 en salud y 2 en seguridad y vigilancia. Una sola de esas mallas concentra el 80 por ciento de los contratos, por un valor de $6,3 billones. Los departamentos con mayor cantidad de estas redes que se quedan con la contratación oficial son Cesar, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila y Cundinamarca.

Es claro que deben ser la Fiscalía, la Contraloría y superintendencias como las de Industria y Comercio, así como la de Sociedades, las que deben establecer si semejante concentración de contratos a nivel regional y local en tan pocos consorcios empresariales, puede derivar en actuaciones penales, disciplinarias o fiscales irregulares, ya sea por acción u omisión.

No en pocas ocasiones los mismos entes de control han advertido que existe un alto porcentaje de licitaciones y contratos de asignación directa que se adjudican pese a que existía un solo proponente, o que terminó en los mismos contratistas de siempre, así utilizarán de fachada empresas de papel o recién creadas. Otra de las prácticas recurrentes entre esas redes empresariales, es que se esconden detrás de muchas firmas que se presentan al mismo tiempo para pujar por determinado contrato, direccionando no sólo las ofertas económicas sino anulando los principios básicos de transparencia, selección objetiva, competitividad y economía. A ello se suman las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que pusieron al descubierto graves casos de ‘cartelización empresarial’ no sólo para pactar precios al consumidor sino para adueñarse de contratos y licitaciones en entidades públicas a través de redes empresariales con múltiples tentáculos y fachadas.

Como se ve, la lucha contra la corrupción que esquilma el erario es muy complicada y cada vez son más complejas las maniobras de los particulares que buscan adueñarse de cuanto contrato o recurso hay disponible. En el caso de las “mallas empresariales” es claro que hay un vacío en la legislación que pese a ser advertido de tiempo atrás, continúa preocupantemente sin solventarse.