En la ladera de la cuenca media de este afluente, en el territorio compartido entre Pereira y Dosquebradas (Risaralda), conviven alrededor de 80.000 habitantes, asentados en tres comunas y 75 barrios, que temen ser reubicados por los proyectos de recuperación previstos en esa zona.

Desde su nacimiento, en la laguna del Otún, la pérdida de vegetación en las orillas, el pastoreo de ganado, la tala de árboles y los cultivos de papa son algunos de los principales problemas. Otros factores que ahondan esta situación están relacionados con un turismo mal gestionado, las basuras y alcantarillados incompletos.

Un estudio realizado en las comunas Río Otún y Oriente, en Pereira, así como en un par de barrios de la ladera baja de la comuna uno de Dosquebradas, denominada Jesús de la Buena Esperanza, evidenció escasez de políticas gubernamentales, debido a la brecha divisoria entre los actores que convergen en la zona. La situación impide desarrollar proyectos conjuntos para recuperar el ecosistema, dinamizarlo y conservarlo.

La investigación realizada por Alejandra Paola Marín Buitrago, magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Manizales, incluyó una metodología que permitió examinar la situación desde la trialéctica de lo vivido, percibido y concebido.

La descripción de vivencias en el territorio fue realizada a través de entrevistas y grupos focales. Así, se detalló la relación de los ciudadanos con el río, sus luchas sociales y manifestaciones de identidad y pertenencia, por medio de las gestas de fundación, construcción de casetas e iglesias por convites, mejoramiento de sus viviendas desde un estado inicial de cartón y lata, hasta tener casas de material de dos pisos.

“Este arraigo al territorio fue reflejado en 2014, cuando los invasores, quienes tomaron las zonas desalojadas en 2000, hicieron huelga de hambre, se enterraron en la zona del desalojo, marcharon en la Plaza de Bolívar e interpusieron una tutela; esta última permitió que unas pocas familias recibieran vivienda”, señala el estudio.

Agrega que “desde lo concebido, el discurso de las autoridades es reconstruido a partir de los instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pereira, Acuerdo 18 de 2000, el de Dosquebradas Acuerdo 15 de 2000, el Plan integral de Desarrollo Metropolitano”.

Resalta que “no obstante, el modelo de gestión evidencia una postura arcaica en relación con la cuenca, al asumirla como límite y problemática. Cada autoridad sigue realizando esfuerzos aislados y los nuevos mecanismos de integración, gestión y financiación que otorga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) están desaprovechados, entre ellos asociatividad de municipios, contratos plan recursos de regalías, por ejemplo”.

“Los intereses disímiles reflejan esa discordancia. Por ejemplo, Dosquebradas mira al Otún desde lo turístico a partir de los miradores desde el sector de La Badea (zona de discotecas), donde se proyecta la construcción de un teleférico, mientras la ladera la interpreta para reubicar a las familias asentadas en zonas de riesgo, ubicadas en solo tres barrios. Con respecto al río, al municipio le queda la vista desde los barrios altos”, indica.

Para Pereira y el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) la cuenca media del río también tiene potencial como escenario turístico sostenible, por ello fue diseñado el proyecto Parque lineal río Otún, que consiste en una renovación paisajística y social de la ladera del Otún en la zona de la comuna oriente y tramo rural del río, pero, orientado a resignificar el afluente en una extensión de 9,5 kilómetros y un área de 365 hectáreas.

El principal problema de los barrios del Otún resulta del trato inequitativo con respecto a otros sectores del área metropolitana, producto de su permanente situación en proyecto de reubicación. Por ejemplo, en 2009 se anunció un proyecto para mejorar las viviendas de las familias en el Otún, el cual fue repetido en 2010 y 2012, pero a la fecha no se ha ejecutado.

Recomienda que la resignificación del río Otún debe darse como un macroproyecto, que cuente con todas las características de un Gran Proyecto Urbano (GPU), es decir, una sola entidad gerencial, más no política, integrada por todos los entes interesados que centralice la ejecución.

“Esto es posible mediante figuras asociativas, como la asociación de municipios mediante el contrato plan. También, podrían integrarse el AMCO y la Carder, lo que permitiría tener una entidad gestora única. Por otro lado, la desarticulación de autoridades es uno de los mayores problemas y el exceso de planificación sin gestión, otro. Además, en la LOOT, estas asociaciones tienen preferencia en acceso a recursos nacionales”, señala.