Justo en este momento en que el uribismo se juega una de las cartas más importantes en su historia, al apersonarse de la campaña del voto por el No en el plebiscito a los acuerdos de paz en La Habana, le siguen estallando escándalos que se produjeron con funcionarios del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

El pasado miércoles en un hecho que podría considerarse una coincidencia, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue capturado en Estados Unidos, pocas horas antes que los negociadores del Gobierno y de las Farc suscribieran en La Habana el acuerdo final de paz, tras cerca de cuatro años de tratativas.

Se conoció que la detención de Arias se produjo por parte de alguaciles norteamericanos que lo condujeron a la Corte del Distrito Sur de Miami, atendiendo una solicitud de extradición que tramitó la Cancillería colombiana por orden de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de poner tras las rejas al exministro para cumplir la condena de 17 años y cuatro meses que le impuso, tras encontrarlo culpable en calidad de coautor de los delitos de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros dentro del caso de Agro Ingreso Seguro.

El pasado miércoles, Arias Leyva asistió a una audiencia ante el juez, y tendrá que hacerlo nuevamente a una segunda el día de hoy, citada para las 11 a.m., en la cual se espera se defina si tramitará su extradición a Colombia o, por el contrario, le mantienen el estatus de protección temporal, que le ha permitido permanecer y trabajar en ese país desde el 2014, cuando de manera furtiva salió del aeropuerto Eldorado junto con su familia, luego de ser condenado.

Arias, cuyo mentor político es Álvaro Uribe y quien era su principal carta a la presidencia de la República después de que la Corte Constitucional le cerró la vía a una segunda reelección, fue condenado por las irregularidades que se presentaron en el programa gubernamental Agro Ingreso Seguro, administrado por el Ministerio de Agricultura, pues los subsidios que preveía para campesinos pobres terminaron beneficiando con sumas millonarias  a potentes productores del campo, especialmente de la Costa Norte.

Palacio y Velásquez

Mientras que ayer el presidente Santos entregó al Congreso el acuerdo final de paz con miras a la convocatoria al plebiscito, en el cual los colombianos tendrán la oportunidad de aprobar o reprobar lo negociado con las Farc, la Corte Constitucional tenía en el orden del día el estudio de las tutelas que presentaron otros dos ex funcionarios de Uribe, hoy privados de la libertad.

Se trata del exministro de la Protección Social, Diego Palacio, y el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, quienes fueron condenados por la Corte Suprema por el delito de cohecho a 6 años y 8 meses de prisión y a 5 años, respectivamente, por el escándalo conocido como la yidispolítica.

También por estos mismos hechos fue condenado el ministro del Interior en tiempos de Uribe, Sabas Pretelt de la Vega, a 6 años y 8 meses de prisión.

La Corte Suprema determinó que estos funcionarios ofrecieron y entregaron prebendas a congresistas de la Cámara de Representantes en el año 2004, con el fin de que votaran a favor un proyecto de reforma constitucional que introducía la reelección presidencial inmediata, lo que permitió que el presidente Uribe accediera a un segundo mandato.

Los dos ex ministros han señalado en todo tiempo que no es cierto que hayan ofrecido dádivas a los congresistas.

El 18 de abril pasado, la Corte Constitucional aceptó para su estudio la tutela presentada por el exministro de Protección Social contra la condena en su contra y que finalmente fue negada por la Corte Suprema.

Palacio solicitó el amparo al debido proceso por considerar que la Corte Suprema no valoró las pruebas presentadas por su defensa.

Además el exministro argumentó que en su caso se presentó un prejuzgamiento por parte de los magistrados, pues varios de los togados sostuvieron un pulso con el gobierno del entonces presidente Uribe.

Se conoció que la ponencia en el caso de Palacio, que será materia de estudio por la Sala Plena de la Corte Constitucional, le da la razón, pues el magistrado a cargo de la misma, Luis Guillermo Guerrero, coincide en que se violó el debido proceso, pues la Corte Suprema de Justicia no habría tenido en cuenta todas la pruebas que presentó el exministro.

Sin embargo en lo que tiene que ver con la ponencia de Velásquez, el magistrado ponente, Gabriel Eduardo Mendoza, pide mantener la condena de cinco años en su contra.

Más encartados

Es importante el número de ex funcionarios del gobierno Uribe que han sido investigados y algunos de ellos condenados por diferentes actuaciones.

Por las llamadas ‘chuzadas’ que adelantó el DAS contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición y algunos periodistas fue condenada la exdirectora de este organismo, María del Pilar Hurtado, a 14 años por los delitos de abuso de autoridad en la función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.​

En tanto que por estos mismos hechos fue condenado a 8 años el exsecretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno.

Otro de los ex funcionarios del gobierno Uribe que están encartados con la justicia es el  excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien salió del país en el año 2012 y no ha regresado para responder por la investigación por la falsa desmovilización en 2006 del frente Cacica Gaitana de las Farc, tras ponerse en evidencia que los integrantes que fueron presentados no eran subversivos sino en su mayoría indigentes que fueron reclutados a última hora.

En tanto que en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el sabotaje que adelantó el hacker Andrés Sepúlveda contra el proceso de paz, el año anterior fue llamado a declarar el excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, y su hijo David Zuluaga, quien hizo parte de las directivas de esa campaña.

El hacker Sepúlveda, quien fue condenado a 10 años  de prisión por estos hechos, aseguró que directivos de la campaña presidencial del Centro Democrático sabían de la actividad ilegal que estaba realizando.

Por estos mismos hechos hay una orden de captura contra Luis Alfonso Hoyos, quien salió del país. Fue el asesor espiritual de esa campaña y embajador ante la OEA durante el gobierno de Uribe Vélez.

Hoy la justicia de Estados Unidos definiría si ese país mantiene el estatus de protección al exministro Andrés Felipe Arias o, por el contrario, inicia el proceso de extradición a Colombia para que responda por la condena de que fue objeto por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro.