Como el estallido de una gigantesca caldera cayó entre los bolivianos el asesinato del viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, cuando intentaba dialogar con los cooperativistas mineros que protestan por una legislación que consideran busca debilitarlos y también por las acciones de la fuerza pública contra ellos en los últimos meses. En distintos lugares del país hay frecuentes enfrentamientos entre los mineros y los contingentes policiales que intentan sofocar las protestas que han dejado ya varios muertos y numerosos heridos. Quienes se ponen de parte de los trabajadores en huelga, dicen que se trata, en su mayoría, de gentes humildes que luchan por sobrevivir con salarios muy bajos y desprotegidos por el sistema de salud. La situación se hizo más complicada por cuanto hay una creciente solidaridad de la población con los mineros y una condena pública a los mecanismos de fuerza de las autoridades para reprimir la protesta.
El viceministro del Interior, ante la gravedad de las asonadas y el peligro de un mayor saldo fatal, así como consciente de la infranqueable barrera que se ha creado entre el Gobierno y los mineros, resolvió, en una decisión audaz, dirigirse el pasado jueves a la región de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, para entrevistarse con los líderes de las cooperativas del sector extractivo que impulsan los bloqueos y conseguir un eventual arreglo.
Sin embargo, en un hecho inédito, horas más tarde se conoció por la prensa y después fue confirmado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que Illanes “fue cobarde y brutalmente asesinado” por un grupo de cooperativistas que lo había retenido. Según los testimonios, cuando se supo que a la zona estaba llegando el Viceministro del Interior, se produjo una suerte de asonada contra el alto funcionario, que fue sacado del auto oficial en que se transportaba, agredido y retenido de forma arbitraria. Aunque el alto funcionario alcanzó a hablar con su familia y les explicó que estaba bien y pronto recuperaría su libertad, no fue así. El ambiente ya era de por sí tenso por los continuos enfrentamientos que han librado los mineros y la fuerza pública, así como por la polarización entre las partes por las leyes que permiten la creación de sindicatos dentro de cooperativas y que se oponen también a que estas puedan arrendar sus concesiones a empresas privadas y extranjeras. Esa situación explosiva llegó a un punto de no retorno que, de un momento a otro, desembocó en un violento ataque al Viceministro que, en un acto de barbarie, fue muerto a golpes.
Aunque la Iglesia Católica ha tratado de intervenir para viabilizar la negociación y pedido que cesen los enfrentamientos, esa gestión no prosperó. Al mismo tiempo dirigentes políticos y de la oposición han rechazado que un gobierno que se dice al servicio de los más pobres atropelle a la población de trabajadores que –aseguran- hoy se encuentran en peor situación que cuando Evo Morales llegó al poder con las promesas de justicia social y enarbolando luego las banderas del llamado ‘socialismo del siglo XXI’. También denuncian los críticos del Ejecutivo que no se ha hecho nada por favorecer a los mineros que trabajan en profundos socavones y sufren diversas enfermedades letales por falta de la debida protección laboral y atención médica.
Tras el asesinato del alto funcionario, el Gobierno no sólo condenó el hecho sino que dijo de detrás el mismo había una “conspiración política”. De igual manera, ordenó allanar la sede de los mineros cooperativistas y detener a varios de sus dirigentes más reconocidos. Así queda en evidencia que el Ejecutivo desoye los llamados de la Iglesia, los partidos, los empresarios y la opinión pública, que urgen una solución pacífica del conflicto. Los contradictores del Gobierno señalan que ante las pretensiones de Morales, de ser reelegido otra vez y perpetuarse en el poder, se intenta descalabrar a la poderosa organización de los mineros y poner hombres de confianza del régimen al frente. La situación es tan grave que hasta el presidente del poder legislativo, afín al Gobierno, pidió a los sectores en conflicto sentarse a negociar.
Como se ve, el panorama es crítico en Bolivia y si no se encuentra una salida negociada al conflicto, es posible que las asonadas y choques con la fuerza pública se desmadren aún más, cobrando un número mayor de muertos y heridos a lado y lado, adicional a un clima de inestabilidad política e institucional creciente.