Imputan cargos por carrusel de la salud | El Nuevo Siglo
Foto tomada de El País
Lunes, 29 de Agosto de 2016
Redacción Economía

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $50.914 millones contra dos ex funcionarias del Ministerio de Salud y Protección Social y 15 EPS por el detrimento patrimonial que causó a las arcas del Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, en el levantamiento de explicaciones de recobros sin cumplir los debidos requisitos, caso que en su momento se conoció como el “carrusel de la salud”.

Los comentarios se habían efectuado por el Consorcio Fidufosyga, en 2005 a diferentes EPS, por el pago de medicamentos no incluidos en el POS y fallos de tutela que fueron levantados por un grupo interno de  trabajo del entonces llamado Ministerio de la Protección Social sin llenar los requisitos establecidos en la normatividad vigente durante los años 2006 a 2010, para hacer procedentes los pagos.

El grupo mencionado, que  realizó mesas de trabajo sobre el tema en la Dirección General de Financiamiento del Ministerio, fue creado para auditar y liquidar 21.188 solicitudes de recobro por concepto de medicamentos fuera del Plan Obligatorio de Salud y Fallos de Tutela, no incluidos en el Adicional No. 3 al Contrato de Encargo Fiduciario No. 255 de 2000.

Sin embargo, la Contraloría consideró que este grupo se extralimitó al auditar y levantar las glosas impuestas por el nuevo encargo fiduciario Fidufosyga 2005.

En este sentido, se estableció que una de las ex funcionarias del Ministerio, en ese momento coordinadora del grupo interno que realizaba los levantamientos y  tenía un amplio poder decisorio sobre los miles de millones de pesos reclamados, recibía comisiones de un grupo de contratistas y ex contratistas que constituyeron empresas para prestar asesoría a diferentes EPS.

Por su parte, la imputación se dio en cuantía de $50.914´668.526.15, en contra de las dos ex funcionarias del Ministerio de Salud y la Protección Social, a título de Culpa Grave y Dolo, y en solidaridad con 15 empresas, donde los imputados tendrán 10 días hábiles para presentar sus descargos ante la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR.