Preservar la economía campesina y familiar como la base fundamental para elevar el desarrollo del país, pidió la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, para elevar el crecimiento de las zonas rurales.

El gremio empresarial sostuvo que la economía campesina familiar y comunitaria debe estar acompañada de incentivos para que la agroindustria desarrolle modelos de inclusión productiva sostenible, orientados a mercados y que permitan generar ingresos y oportunidades.

La ANDI dijo que en el proceso de paz, el sector rural debe tener la financiación que permita que las víctimas estén reparadas y que el tejido social se recupere para los años venideros.

De otro lado, el gremio afirmó que “el país ha visto crecer hasta el triple el área sembrada de cultivos ilícitos y existen indicios verosímiles de que las empresas criminales de producción y tráfico de narcóticos han incrementado sustancialmente sus ganancias en los últimos años”.  Así lo expresó en su informe de recomendaciones desde el sector empresarial, de cara al posconflicto.

No obstante, afirman que “en aras de transformar la realidad rural de nuestro país, no podemos promover una política de subsidios permanentes. Por el contrario, requerimos que la economía familiar y campesina se acompañe de la agroindustria”.

Sin embargo explican que el desigual acceso a los activos que permiten desarrollar una actividad productiva sostenible, ha sido uno de los combustibles que ha alimentado el conflicto y ha perpetuado condiciones de exclusión de miles de familias campesinas, propiciando ambientes para actividades de cultivos ilícitos. Como está consagrado en el primer punto de los acuerdos del Gobierno nacional con las Farc, es fundamental superar estas condiciones de atraso para incluir a estas familias en circuitos productivos a nivel territorial.

Por lo que afirman que, esa imperiosa necesidad no puede estar basada ni en políticas expropiarías, ni en subsidios agrícolas permanentes, ni en cultivos o políticas agrarias insostenibles.

Para construir a nivel territorial, aseguran, las aspiraciones y deseos que están plasmados en La Habana, como sociedad debemos tener claros los principios y compromisos de lo que significa construir la paz.

Información catastral

Bajo este concepto, el gremio asume que la financiación y ejecución debe realizarse en el menor tiempo posible, y que permitiría el avance de pendientes como el Fondo de tierras, los montos para subsidios y créditos para compra, la estrategia de formalización masiva y la restitución.

“Si bien, el Gobierno nacional está adelantando la licitación para llevar a cabo este proceso, será necesario agilizarlo y mantenerlo bajo parámetros de transparencia y eficacia”, afirmaron.

De otro lado, la ANDI se cuestiona acerca de la conformación y dotación del Fondo de Tierras, contemplado como parte de la Reforma Rural Transformadora. “¿Cuántas hectáreas? ¿Para cuántas familias campesinas? ¿En dónde? Si bien parte de estos interrogantes se surtirán con el sistema catastral, deben existir límites razonables fiscal y socialmente para dirimir estas cuestiones”.

Mientras que, la política y los planes de lucha contra la corrupción, que están vagamente expresados en los acuerdos pero que son cruciales para la eficacia del proceso y la confianza en el mismo, y que permitirían que pendientes como las garantías para la oposición, el control ciudadano y la transparencia electoral, así como el control a lavado de activos, avancen de forma más decidida.

Es por esto que, la aplicación de un Plan Integral de Sustitución de cultivos ilícitos, acorde con las necesidades del territorio, pertinente con las capacidades del mismo, y que sea una estrategia sostenible para generar oportunidades de ingresos y acceso a mercados a las familias campesinas involucradas en el negocio de la coca, es necesaria para la reconstrucción del tejido social.