Cuando se firmó, en 2013, el primer acuerdo entre el Gobierno y las Farc, relativo al agro, uno de los temas más polémicos fue el relativo a cuántos predios serían requeridos para la llamada “Reforma Rural Integral”, que se alimentaría a partir de un Fondo de Tierras.

En el acuerdo de entonces, esa cifra quedó pendiente para ser definida más adelante por la Mesa de Negociación.

Conocido ya el texto completo del acuerdo final, quedó claro, en el acápite sobre “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”, que habrá mecanismos y garantías que permitan que el mayor número posible de hombres y mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de participación de las comunidades.

Y con ese propósito –señala el acuerdo- el Fondo de Tierras para la RRI tendrá a su disposición 3 millones de hectáreas, en tanto que para “Formalización masiva de la Propiedad Rural” tendrá que disponerse de 7 millones de hectáreas. Es decir que “durante los próximos 10 años habrá una extensión objeto de la Reforma Rural Integral de 10 millones de hectáreas”.

Se trata de una cantidad muy alta de terrenos que, seguramente, abrirá el debate en pocos días sobre sí hay tal disponibilidad de predios y recursos para adelantar una reforma agraria de estas características, sobre todo cuando ya viene adelantándose un proceso de restitución de tierras a desplazados, al tiempo que se prometió por parte del Gobierno que no se afectará la propiedad privada rural ni los terceros tenedores de buena fe.